La elección del 6 de junio no solo fue la más grande que haya tenido nuestro país por los más de 20 mil cargos de elección popular en disputa, sino por otra serie de elementos que la distinguieron como un proceso electoral en donde el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con una serie de resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecieron diversas acciones para que la población considerada vulnerable fuera tomada en cuenta para el registro de candidaturas.
La construcción de diversos acuerdos que lograron un piso mínimo de inclusión de diversos segmentos de la población estuvieron enfocados en favor de los derechos políticos y electorales de toda la ciudadanía.
Los partidos y conforme a los criterios determinados por el INE, debieron registrar fórmulas, salvaguardando el principio de paridad de género, las siguientes acciones afirmativas:
• Población indígena, 21 fórmulas bajo el principio de mayoría relativa, así como 9 fórmulas de representación proporcional;
• Población con alguna discapacidad, donde los partidos debieron postular 6 fórmulas de mayoría relativa y 2 de representación proporcional dentro de los primeros diez lugares de la lista respectiva;
• Población de la diversidad sexual que obligó a los partidos a postular 2 fórmulas de mayoría relativa y 1 de representación proporcional dentro de los diez primeros lugares;
• Personas afromexicanas, 3 fórmulas de mayoría relativa y 1 de representación proporcional, y
• Población migrante donde los partidos debieron postular una fórmula en cada una de las 5 circunscripciones dentro de los diez primeros lugares.
De una revisión a los cómputos distritales de estas acciones afirmativas, podemos advertir que hubo 442 candidaturas a diputaciones federales; 234 de personas indígenas; 37 de personas afromexicanas; 41 personas de la diversidad sexual; 78 con alguna discapacidad, y 52 migrantes.
De las 442 candidaturas, 243 fueron de mayoría relativa y 199 de representación proporcional. De los triunfos alcanzados por mayoría relativa, tenemos que 20 correspondieron a la acción afirmativa indígena, 4 para personas afromexicanas, 2 de la diversidad sexual, y 3 para la acción afirmativa de personas con discapacidad. Estos 29 triunfos representan apenas un 12% del total.
De representación proporcional podemos inferir los siguientes datos preliminares: 13 triunfos para la población indígena, 2 para personas afromexicanas, 3 para personas de la diversidad sexual, 4 para personas con discapacidad y 9 para la población migrante. Estos 31 triunfos equivalen a 15.5% del total.
Estas acciones afirmativas podrían representar alrededor de 60 espacios legislativos de los 500 que conforman la Cámara de Diputadas y Diputados.
Por otro lado, por la vía de mayoría relativa 100 mujeres lograron triunfos y probablemente hasta 146 mujeres ingresarían por la vía de la representación proporcional lo que daría hasta 246 mujeres legisladoras con lo que se alcanzaría por primera vez en nuestra historia un importante y contundente 49.2% de representación legislativa, un punto porcentual arriba que la conformación actual de la Cámara.
Para las 15 gubernaturas en disputa, 6 candidatas lograron el triunfo que, sumando a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, serán 7 mujeres al frente del ejecutivo local representando apenas 21.8% de los 32 espacios del país.
Estos logros permiten referir que esta elección en el terreno de la paridad está alcanzando mejores condiciones de igualdad y equidad de derechos respecto a los hombres y, con relación a las acciones afirmativas se tiene aún un largo trecho por recorrer para alcanzar una sociedad plenamente plural, incluyente y que aglutine a toda la población con lo que se fortalecerá nuestra democracia.
Consejera electoral
