El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 2003, con el objetivo de generar conciencia en todos los países de esta terrible problemática que afecta de diversas formas a las sociedades y vulnera el Estado de Derecho.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción registra varios indicadores negativos que derivan en conflictos sociales, en inestabilidad para hacer prevalecer diversas disposiciones constitucionales o legales, en pérdida de credibilidad y de acción del poder público, en el quebranto de las instituciones del Estado, en la falta de servicios de calidad a la ciudadanía, entre otros factores.
La ONU tiene estimaciones de que cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, así como calcula que cada año la corrupción provoca robos y desfalcos de cerca de 2.6 billones de dólares, lo que es equiparable al 5% del producto interno bruto mundial.
En nuestro país, el combate a la corrupción está referido en el artículo 113 de la Constitución Política que atribuye al Sistema Nacional Anticorrupción la alta responsabilidad de coordinar una serie de acciones en los distintos niveles de gobierno para prevenir, detectar y sancionar este tipo de actos que merman la confianza que la sociedad deposita en las instituciones de un Estado democrático.
México, además, forma parte de la Convención de las Naciones contra la Corrupción que la obliga a fomentar no solamente acciones contra este cáncer, sino a implementar una serie de medidas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas, así como al fortalecimiento de las instituciones del Estado.
Bajo este contexto y en relación con los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2021, el 57.1% de la población percibe a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, tan solo por debajo de la problemática que vive el país respecto a la inseguridad pública.
Sobre las prácticas de corrupción en 2021, 14.7% de la población de 18 años y más fue víctima del algún acto relacionado con la corrupción al momento de realizar algún tipo de trámite o servicio.
Por tipo de servicio o trámite, el INEGI estima que donde hay más corrupción es en aquellos en los que las personas tuvieron algún tipo de contacto con autoridades de seguridad pública, alcanzando hasta un 65%, seguido de trámites ante el Ministerio Público (24%); permisos relacionados con la propiedad (22.3%), entre varios más.
En razón a estos datos, no podemos decir que en la materia electoral no se está exento de posibles actos de corrupción o de acciones contrarias a la normativa electoral. Por ello, el Legislativo tuvo a bien otorgarle, desde 2014 al Instituto Nacional Electoral (INE), una serie de facultades para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados que, conforme a la legislación electoral, reciben los partidos políticos o candidatas y candidatos con el objetivo de que la autoridad electoral revise en todo el país los gastos e ingresos tanto para los procesos electorales federales como locales y las actividades ordinarias de los sujetos obligados. Con ello, el INE comprueba que dichos recursos son utilizados de forma correcta y conforme a la normativa electoral.
No obstante, y justo cuando en la agenda legislativa se encuentra a debate una posible reforma electoral, no estaría de más que el Legislativo, en lugar de debilitar al INE algunas de sus funciones, fortaleciera la normativa que rige el proceso de fiscalización para detectar la triangulación de recursos, el posible lavado de dinero en el desarrollo de las campañas electorales, el uso de factureras y empresas fachada, la filtración de recursos del crimen organizado, el uso de criptomonedas, conocer a la persona beneficiaria final de los recursos, entre otras acciones que necesitan ser atendidas para que la ciudadanía tenga plena confianza en sus instituciones, como el INE, en la garantía de procesos electorales equitativos, así como en los resultados electorales que emite que son fundamentales en un sistema democrático como el nuestro.
Consejera electoral
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