El Instituto Nacional Electoral (INE), como organismo público autónomo, es el responsable de organizar las elecciones federales de nuestro país y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), las elecciones locales que se registran en cada una de las 32 entidades federativas, así como los procesos de participación ciudadana.
Para el cumplimiento de estos fines constitucionales y legales, el INE centra su actuación en estándares de planeación estratégica que implican la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana con certeza, efectividad y eficiencia fortaleciendo la confianza y participación de la ciudadanía en la vida democrática y política del país.
El resultado de ello son los altos niveles de confianza que la ciudadanía le otorga al INE. Así, por ejemplo, en el Ranking de Confianza en las Instituciones en México realizado por Consulta Mitofsky en diciembre de 2020, el INE obtuvo una calificación del 6.7 en una escala de 0 a 10, en donde éste último registro era la calificación más alta. De igual forma, en una encuesta realizada por la empresa GEA-ISA a finales de este año, se muestra que, en un poco más del 70%, la ciudadanía manifestó que el INE cumple con sus funciones adecuadamente.
Lograr estos niveles de confianza en la población es el resultado de un gran esfuerzo institucional, no obstante, el INE debe ahora avanzar en seguir generando proyectos que materialicen procesos más eficientes y, además, con una política de austeridad y buena administración que impliquen la generación de economías en beneficio de nuestra nación.
Bajo este contexto y previo a la elección de 2024, el INE, en atención a sus Políticas Generales establecidas en el Plan Estratégico cuya vigencia abarca hasta 2026, debe llevar a cabo una serie de estudios y proyectos entre los que destaco los que considero más importantes:
• De acuerdo con la política “Promover la innovación, modernización y eficiencia institucional”, el INE debe revisar diversas normas y procedimientos, cuya reforma traería beneficios en eficiencia en el uso de recursos a disposición del instituto, tales como las normas de adquisiciones, obra pública y planeación, así como a las reglas de programación y presupuestación; elevar las sanciones contra prácticas de sobrepresupuestación y subejercicio; revisar la estructura orgánica y ocupaciones con el objetivo de hacerla más funcional acorde a las funciones de la institución.
Para ello, propuse una Comisión en sesión pública del Consejo General en agosto de 2020 y que por diversas resistencias al cambio, por no querer salir de la zona de confort y por seguir haciendo las cosas exactamente igual que hace 30 años, hasta la fecha no se ha aprobado y, mientras dure la actual integración del Consejo General, se vislumbra imposible su aprobación.
Asimismo, es conveniente que debido a los altos costos que implican aspectos como la impresión de boletas para las elecciones y procesos de participación ciudadana; la documentación auxiliar; la instalación de casillas a lo largo y ancho del país; los costos de la capacitación para las personas funcionarias de casilla; la generación de programas de resultados electorales preliminares, así como programas de conteos rápidos, entre otros, el INE desarrolle ejercicios que muestren las bondades y áreas de oportunidad de la utilización de sistemas electrónicos para eficientar diferentes actividades institucionales y, por supuesto la votación, por ejemplo, el voto por internet para que sea usado al interior de la República y no solo para las y los mexicanos residentes en el extranjero como actualmente sucede.
• Sobre la política “Fortalecer la igualdad de género, desarrollar el capital humano y su sentido de pertenencia a la Institución”, el INE debe generar indicadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género tanto al interior de las autoridades electorales como en las contiendas electorales, así como al interior de los partidos políticos que permitan la generación de datos; llevar a cabo las capacitaciones necesarias al personal del Instituto en materia de derechos humanos y violencia de género; fortalecer la educación cívica y la cultura democrática con perspectiva de género; generar estudios sobre violencia de género que permitan un intercambio interinstitucional para la toma de decisiones, entre otras.
Estas acciones y otras, en su oportunidad han sido propuestas en el seno del Consejo General del INE, deben ser un referente para que la institución sea más eficiente no sólo como la instancia encargada de las elecciones, sino como la generadora de insumos, de políticas y propuestas que lleven a actualizar y modernizar nuestro sistema electoral, a la par de generar un engranaje de ahorro presupuestal y de buena administración de todos los recursos que resulta necesario para contribuir con el desarrollo de nuestro país.
Consejera electoral del INE
