En el desarrollo de los procesos electorales es común observar que los partidos políticos y las autoridades electorales administrativas firmen un acuerdo de civilidad que garantice, entre otros puntos, que en el desarrollo de la elección y, concretamente, durante las campañas electorales, los y las candidatas y los propios partidos, se conducirán con civilidad y respeto hacia sus contrincantes, haciendo prevalecer un ambiente, si de confrontación política, pero sin los llamados golpes bajos que suelen ser recurrentes por la efervescencia de la competencia en la búsqueda de obtener la preferencia de las y los electores.
Sin embargo, hace unos días todos los partidos políticos suscribieron con el Instituto Nacional Electoral (INE) un documento que es digno de resaltar por su importancia en la búsqueda de materializar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, me refiero al Manifiesto Nacional de los partidos políticos por una Democracia Paritaria y Libre de Violencia de Género.
Dicho documento sienta una serie de compromisos para que cada partido político nacional en sus decisiones internas, su plataforma, en la designación de sus candidaturas, en sus estrategias electorales, por mencionar sólo algunos aspectos, configuren un proceso electoral más paritario y respetuoso de los derechos humanos.
En este sentido, el Manifiesto de referencia suscrito en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres, establece cinco puntos que los partidos políticos nacionales se comprometieron a materializar.
Primero. Promover con un enfoque de género y derechos humanos políticas de prevención, atención y sanción a través de protocolos y mecanismos especializados en violencia política por razón de género contra las mujeres, dirigidos a eliminar las causas estructurales que generan y toleran esta violencia.
Segundo. Respetar y cumplir de manera efectiva los lineamientos electorales contenidos en el Acuerdo INE/CG517/2020 que incorpora los criterios de la denominada #3de3VSViolencia, evitando registrar en las candidaturas a personas que cuenten con antecedentes y/o sentencia como: 1. Deudor por moroso de pensión alimenticia, 2. Agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, y 3. Agresor contra las mujeres por razones de género en el ámbito familiar; generando un mecanismo de verificación y difusión del cumplimiento de los mismos y poniéndolo a disposición de la ciudadanía.
Tercero. Garantizar el principio constitucional de la paridad en todas las candidaturas a cargos de elección popular colegiados y unipersonales que postulemos en el proceso electoral 2020-2021, y asegurar la presencia paritaria en todas las estructuras partidarias y el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, así como su permanencia en los espacios de toma de decisiones.
Cuarto. Promover la realización de campañas de difusión y sensibilización dentro y fuera de los partidos sobre la paridad como principio democrático, los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como de prevención y erradicación de la violencia política en razón de género y la #3de3VsViolencia.
Quinto. Impulsar a través de nuestros medios de comunicación campañas que presenten a las mujeres de forma justa, respetuosa y diversa, eliminando perjuicio y estereotipos sexistas.
En razón de estos cinco puntos, tenemos la convicción que se sienta un importante precedente para contar, como nunca antes en elecciones, con una democracia paritaria y libre de violencia de género que nos lleve a convertirnos en una mejor sociedad.
Consejera electoral.
