Uno de los aspectos que le dan credibilidad a cualquier ejercicio democrático, sean procesos electorales o ejercicios de participación ciudadana, es la opinión conocedora y fundada de instancias e individuos que observan dichos procesos, su planeación y desarrollo en función de los parámetros dispuestos en el marco normativo correspondiente.
En este sentido y derivado del primer ejercicio de revocación de mandato realizado a nivel federal el pasado 10 de abril, una de las organizaciones internacionales que participó acompañando este inédito ejercicio fue el Proyecto Delian, organización canadiense no gubernamental, dedicada a mejorar la integridad de los ejercicios de conteo de votos y de infundir confianza pública hacia la democracia electoral alrededor del mundo, junto con otras dos delegaciones internacionales, para analizar este proceso de democracia directa.
El Proyecto Delian conformó una delegación de observación electoral compuesta por 6 expertos y expertas canadienses y estadounidenses con una amplia experiencia en la observación de elecciones en México y en diversos países del mundo para acompañar y vigilar este primer proceso.
Consecuentemente, una vez concluida la revocación de mandato, dicha organización presentó un informe sobre este ejercicio democrático que, en menos de un año constituye el segundo proceso de participación ciudadana realizado por el INE. Entre los aspectos más relevantes de dicho informe destacan los siguientes:
• Condena “…los incesantes ataques contra la reputación del INE y de su presidente y consejeros que altos funcionarios públicos e integrantes de partidos políticos han lanzado a lo largo del proceso de revocación de mandato”. Destacó este informe, de manera particular los siguientes:
- Amenazas de violencia física en contra de las y los consejeros y presidente del INE.
- Lanzamiento de amenazas de denuncias penales contra estas mismas figuras claves de la autoridad electoral nacional.
- Recortes presupuestales extremos, “…a sabiendas que afectarían de forma extraña la integridad del proceso”.
• Debido a los ataques hacia el INE, la organización destaca que “el INE es una de las instituciones de mayor prestigio en México e internacionalmente por su grado de profesionalismo, independencia e imparcialidad, tal como lo demuestran los resultados electorales plurales a nivel federal, estatal y municipal”. De manera explícita las y los observadores internacionales expertos revelaron que “…el historial público de las elecciones 2006, 2012, 2018 y 2021 hablan por sí mismo, así como durante el referéndum de revocación de mandato de 2022”.
• Hace énfasis en que “…el gobierno tomó la decisión de dar fondos insuficientes al INE en una coyuntura que consideraba crucial (la celebración del referéndum), sabiendo […] el impacto que tendría su decisión en el número de mesas de votación…” atribuyéndole al INE la responsabilidad por una baja participación. “Los alegatos del gobierno carecen por completo de sinceridad y su lógica es retorcida”.
• Tras un análisis sobre los resultados de la revocación de mandato puntualizó que “Los mexicanos pueden alcanzar la democracia que quieren para sí mismos al mantener al INE como un organismo electoral autónomo (y no al politizarlo)”.
• Respecto a la problemática presentada en torno a la promoción de este ejercicio por actores que no lo tenían permitido, esta organización recomendó que la legislación de revocación de mandato fuera revisada y reformada para atender los ajustes de participación de diversos actores, bajo un esquema de auténtica democracia.
Estas consideraciones mostradas por expertas y expertos internacionales permiten observar que, si bien tiene también que haber moderación en el trabajo arbitral por parte del INE, queda claro que la autoridad electoral nacional hizo su trabajo y lo hizo bien y que, para fortalecer un auténtico Estado de Derecho y Estado Democrático, es fundamental que se respeten sus atribuciones y autonomía en el ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden en favor de los actores políticos que participan en elecciones y ejercicios de participación ciudadana y, sobre todo, de las y los ciudadanos.