Apenas hace 69 años que las mujeres pudieron ejercer lo que hoy es un derecho humano consagrado en la Constitución: el voto en una elección federal.
Una de las fechas iniciales de esta lucha puede establecerse en 1916 con el del Primer Congreso Feminista celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el marco de una profunda transformación social, política y económica que se gestaba en aquel México luego de la Revolución mexicana.
Entre los principales temas abordados en ese Congreso, destacan la igualdad en la educación, en los salarios y la participación política de las mujeres en la política.
En ese mismo año, Hermila Galindo envió una iniciativa al “Congreso Constituyente” para que fuera reconocido el voto de las mujeres destacando que no existía razón fundamental “… para que la mujer no participara en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre…”.
En 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera mujer electa en el país como regidora en Mérida, Yucatán, con lo que dicha entidad se convirtió en la primera en reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Para 1923, Beatriz Peniche Barrera, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Dzib se convirtieron en las primeras diputadas locales por el mismo estado.
A estos cargos le siguieron entidades como Chiapas con una diputación, así como Tabasco y Michoacán con unas regidurías.
Para 1936 Aurora Mesa Andraca se convierte en la primera presidenta municipal por Chilpancingo, Guerrero.
En 1947 se establece una reforma constitucional que reconoce el derecho al voto de las mujeres, pero solo en el ámbito municipal.
No es sino hasta 1953 cuando a través de una reforma a la Constitución que se permitió por primera vez a las mujeres votar y ser votadas, lo que se materializó en que las mujeres pudieran participar en todo el país en las elecciones federales de 1955.
Para 1964 María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia resultaron electas como las primeras senadoras de la República; para 1979 Grisela Álvarez Ponce de León resultó la primera gobernadora electa por el estado de Colima, y para 1982 Rosario Ibarra de Piedra se inscribió en la historia de la larga lucha de las mujeres al convertirse en la primera candidata a la Presidencia de la República.
Desde entonces, múltiples reformas se han establecido para ir reconociendo los derechos de las mujeres garantizando su participación política, desde el establecimiento de cuotas de género con porcentajes que al final los partidos políticos no cumplían hasta la reforma de 2014 cuando se incorporó el principio de paridad de género en la Constitución; lo que permitió que casi se lograra la paridad en la Cámara de senadurías en 2018 y se alcanzara en la Cámara de diputaciones en 2021.
En 2019 se aprueba la reforma conocida como “Paridad en Todo” estableciendo la obligatoriedad de garantizar el cumplimiento de la paridad de género no solo en la postulación de candidaturas, sino también, en la integración de los tres poderes de gobierno, en los tres poderes del Estado mexicano, órganos autónomos y en los sistemas normativos indígenas.
Para abril de 2020 se logró una reforma que modificó 8 distintas leyes que tuvieron como objetivo la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Con base en todas estas disposiciones que surgieron desde 2014, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han ido de la mano para garantizar la paridad en el registro de las candidaturas en cargos de elección popular tanto a nivel federal como a nivel local.
Finalmente, en este 2024, dos mujeres se presentaron como candidatas a la Presidencia de la República, resultando electa Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en el máximo cargo de representación popular del ejecutivo federal en la historia de México.
A 69 años del voto de la mujer, cumplidos el pasado 3 de julio, podemos decir que largo ha sido el camino por alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres y, que aún hay mucho por hacer para alcanzar una igualdad sustantiva plena que exige todo sistema democrático.
Consejera electoral del INE