El próximo primero de agosto se llevará a cabo la primera Consulta Popular en todo el país, en la que podrán participar más de 93 millones de personas inscritas en el listado nominal de electores a través de más de 57 mil mesas receptoras de opinión que el Instituto Nacional Electoral (INE), ha dispuesto instalar conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.
Los y las ciudadanas podrán asistir a su Mesa Receptora, con los debidos protocolos sanitarios, a emitir su opinión señalando en una papeleta dos opciones: “Sí” o “No”, respecto a la siguiente pregunta:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantiza la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
El involucramiento de la población en estos ejercicios de participación ciudadana, el primero que se lleva a cabo a nivel federal, es importante por múltiples factores, entre otros, por los siguientes aspectos:
• La experiencia internacional demuestra que las consultas públicas son ya comunes en diversos países en donde el poder público las ha llevado a cabo como una medida activa para desarrollar diversos servicios o políticas públicas en beneficio de determinadas comunidades, o bien, para la implementación de auténticas decisiones de Estado.
Ejemplos los encontramos en diversas latitudes del mundo. Por ejemplo, el referéndum que dio pie al llamado “Brexit” que determinó que el Reino Unido saliera de la Unión Europea en 2016; la consulta para que el estado de California, de los Estados Unidos de América, propusiera en 2017, sobre el uso recreativo de la marihuana para mayores de 21 años bajo determinadas condiciones legales y técnicas que el estado impusiera, o el intento de referéndum para la independencia de Cataluña, bajo el tema relativo al “Derecho a decidir” que sirvió de argumento a los catalanes para decidir sobre su pertenencia a España en 2017.
Asimismo, encontramos casos de participación ciudadana que han servido para estimular un compromiso cívico con la sociedad. Así, la Constitución de Brasil de 1988 introdujo un ejercicio denominado presupuesto participativo en donde los habitantes de una determinada demarcación pueden participar cada año en asambleas públicas para decidir el destino de un porcentaje de fondos presupuestarios municipales.
• En nuestro país, también encontramos diversas experiencias exitosas en el ámbito local que han demostrado que la participación ciudadana en este tipo de ejercicios es fundamental para la consolidación de un sistema democrático. En diversas entidades encontramos legislaciones de participación ciudadana que van desde el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el presupuesto participativo o la iniciativa ciudadana o popular, la revocación de mandato, entre otras.
Estos ejercicios se han ido consolidando hasta el grado de que la participación ciudadana se constituye como un derecho individual o colectivo para que la población pueda intervenir en decisiones públicas, acompañar a las autoridades en la planeación, gestión, ejecución y evaluación de diversas políticas públicas como obras y servicios que beneficien a las y los ciudadanos.
El ejemplo que en mi opinión es uno de los más representativos es el Presupuesto Participativo que se realiza en la Ciudad de México desde hace ya más de una década, en donde la ciudadanía ejerce su derecho a decidir sobre la aplicación de un porcentaje del presupuesto de cada Alcaldía, para destinarlos a obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, entre otras, que deciden los propios vecinos y vecinas en beneficio de su colonia, barrio o pueblo.
Por ello, nuestra participación en la Consulta Popular de este primero de agosto es fundamental para ir abriendo el abanico de oportunidades para que todos y todas veamos las bondades que tiene para un sistema democrático, tomar en cuenta a la ciudadanía para que emita su opinión sobre diversos sucesos de interés y beneficio para el país.
