Un sistema democrático determina una serie de disposiciones constitucionales y legales que norman la forma en que la ciudadanía se involucra y participa en la esfera política. Para ello, se garantiza un conjunto de derechos que facultan a la población a expresarse por las vías institucionales establecidas.
Para el caso de México nuestro marco normativo ha reconocido a las y los ciudadanos diversos derechos fundamentales, entre ellos, los políticos y electorales que tienen su esencia en la participación de las y los mexicanos mayores de 18 años en las elecciones a través de su concurrencia en la jornada electoral con el objeto de definir con su voto de forma mayoritaria de entre las opciones partidistas o las independientes el destino de una demarcación territorial, un estado o el país por un determinado periodo de tiempo.
En este sentido, el sistema político requiere de la participación de la ciudadanía ya que una mayor participación de las y los electores conduce a una mayor legitimidad del poder público. Por el contrario, la menor participación de las personas acreditadas para votar tiene varios significados que van desde apatía o desinterés, hasta la falta de credibilidad en los actores políticos participantes, las instituciones o incluso, hasta en el sistema político establecido, entre otros.
Bajo este contexto, el abstencionismo representa un problema que es necesario conocer, estudiar y analizar con el objetivo de identificar sus causas y generar acciones que lo debiliten. En las elecciones federales en las que entre otros cargos se renueva la Presidencia de la República son en las que históricamente se registra una mayor participación de la población; sin embargo la votación recibida en las casillas se sitúa generalmente, por debajo del 65% ya que, en promedio, se registró 37% de abstencionismo en las elecciones de 2000, 2006, 2012, y 2018.
Este fenómeno ha sido estudiado por múltiples especialistas y larga es la lista de condiciones que lo propicia; sin embargo, considero que hay un factor, el de la discriminación, que no ha sido tomado en cuenta como detonante del abstencionismo.
En la Guía para la atención pública. Elecciones sin Discriminación. Proceso Electoral Federal 2017-2018 a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOG), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya se hacía referencia a la necesidad de que nuestra sociedad y en particular la ciudadanía, tuviera garantizadas condiciones de igualdad, para lo cual, desde un enfoque cultural, resultaba necesario la construcción de ciudadanía con la finalidad de que conociera la importancia de participar en elecciones que, a la larga, puede ser un ingrediente para disminuir el factor de abstencionismo.
Ahora bien, la discriminación además de estar prohibida constitucionalmente es una conducta que lacera la igualdad y, en democracia, la igualdad es una condición fundamental para potenciar todos los derechos, entre ellos los políticos y electorales de todas las personas. Ejemplo de esto es el largo camino que han tenido que recorrer las mujeres para alcanzar dichos derechos.
De acuerdo con el Estudio Censal sobre la Participación Ciudadana en la Elección Federal de 2009 a cargo del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), la participación de las mujeres era de alrededor del 47%, no obstante, conforme se fueron materializando diversas disposiciones constitucionales y legales como la registrada en 2014, año en que el Legislativo determinó elevar a rango constitucional el principio de paridad de género, la participación de las mujeres ha crecido significativamente hasta en un 66.2% en 2018, tratándose de una elección presidencial, o hasta en un 55.7% para una elección intermedia como la de 2021.
Para el caso de las personas jóvenes, diversos estudios tanto del INE o del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México reflejan que es el segmento de la población que menos participa en elecciones, cifra que no podemos dejar de vincular con los registros del INEGI que indican que en 2017 un 21.4% manifestó haber sido discriminada, en tanto que para 2022 la cifra creció casi hasta el 30% (28.5%).
Entre estudios registrados al respecto, resalta el de Jesús Aguilar López, académico de la Universidad de Guanajuato que, en 2019 indicaba que el 51% de las personas jóvenes votantes no se identificaba con ninguna propuesta partidista; este alto porcentaje es reflejo de que no son consideradas o analizadas los intereses o la problemática de las y los jóvenes propiciando que, al no sentirse identificados no tengan intención de ir a votar (https://oraculus.mx/2019/03/25/voto-joven-2018/).
La discriminación es un cáncer que atenta contra nuestra democracia, es un fenómeno que, como lo señala el “Informe País 2020”, entre mayores son los niveles o las formas de discriminación, menor es nivel de satisfacción con un sistema democrático. Es labor de todas y todos cambiar este cáncer en beneficio de nuestra democracia.
Consejera electoral del INE
