Para que en una nación pueda instituirse un sistema democrático debe contar con diversos ordenamientos constitucionales y legales que dan vida a un orden igualitario de obligaciones y derechos tanto para el Estado mismo como para toda la población. El resultado es la conformación de un Estado de Derecho que se consolida a través de sus instituciones pues son éstas quienes dan cauce a los ordenamientos jurídicos establecidos en beneficio de sus habitantes.
Por ello, que en país como el nuestro existan instituciones sólidas fortalece no solamente la igualdad, la justicia, la equidad y la no discriminación entre las personas sino que, además, fortalece nuestro sistema democrático.
Un ejemplo de una de nuestras instituciones a la que la población ha manifestado tenerle mayor confianza es justamente el Instituto Nacional Electoral (INE). Los resultados de Informe País 2020, muestran diversa información relacionada con la pluralidad de experiencias de la ciudadanía y de la democracia, y reflejan varios datos que son importantes señalar, entre los que destacan los siguientes:
Con relación a las instituciones públicas y sociales, destaca el alto nivel de confianza de las universidades públicas (70%), seguida del Ejército y Marina (64%), la Guardia Nacional (61%) y el INE (60%).
En cambio, en el sótano de la tabla encontramos a las y los integrantes del Congreso de la Unión, así como de los respectivos congresos locales (23%) y los partidos políticos (22%).
La semana pasada en diario El Financiero se publicó una encuesta nacional en la que el 68% de la población (ciudadanas y ciudadanos de 18 años y más) aprobaron el trabajo que hace el INE en torno a su función de organizar elecciones. De hecho, destaca que en agosto de este año la aprobación era del 61%, es decir, en tan solo tres meses la confianza ciudadana en el INE se incrementó en 7 puntos porcentuales.
Inclusive, la encuesta mide la aprobación del INE entre Morena, los partidos de la oposición y las y los ciudadanos que se manifestaron como apartidistas. Para el caso de los “morenistas” un 64% manifestó aprobar el trabajo del INE en la organización de las elecciones; los “oposicionistas” de igual forma manifestaron en un 64% su aprobación al INE en tanto que los “apartidistas” se ubicaron en un 62%.
Sobre el trabajo que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizan para vigilar los procesos electorales, la aprobación de la ciudadanía se ubicó en un 63%.
Bajo este contexto y ante el análisis de diversas iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados para una posible reforma electoral que pueda reconfigurar a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales nacionales, probablemente quitarle funciones o debatir sobre los alcances de sus atribuciones , como en algunos aspectos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos de los partidos políticos, entre otros, vale la pena destacar el sentir de la población, de los diversos actores políticos e incluso, a la luz de los resultados que el INE ha mostrado desde su creación.
Nuestra democracia está conformada por instituciones sólidas reconocidas nacionales e internacionalmente que de cambiar su esencia podría dañarse la confiabilidad y certeza en los procesos electorales que son la base fundamental del cambio estructurado y pacífico del poder público que se ha dado en nuestro país.
De hecho, la propia encuesta de El Financiero destaca que el 65% de los entrevistados señalaron que el INE “funciona bien, no requiere cambios”.
Las diversas iniciativas de reforma refieren otros temas que consideramos de mayor trascendencia en los que resulta necesario fortalecer al INE y no debilitarlo, porque al hacerlo se correría el alto riesgo de que sus atribuciones no sean las suficientes para generar la garantía de unas elecciones libres, auténticas, democráticas, limpias, justas, seguras y equitativas.
El Legislativo tiene la última palabra.
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