La reforma de 2014 transformó al otrora Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE) y creó el Sistema Nacional Electoral, con lo que constitucionalizó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En esta nueva dinámica interinstitucional con ellos, y ante los cambios recientes en la conformación del Consejo General del INE, hay que abordar cuando menos tres grandes temas relacionados con el despliegue coordinado de nuestras respectivas responsabilidades: el federalismo electoral; un asunto interno de los consejos generales de los OPLE, sus instancias máximas de decisión, y la situación presupuestal de dichas instituciones.
Con respecto al federalismo electoral hay que recordar que en términos del artículo 40 constitucional, México es una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de la propia norma fundamental.
En efecto, el régimen interior de las entidades federativas obedece a la realidad singular e historia de cada región y no puede ser reducido a un formato único, que desconozca la diversidad, las problemáticas y la historia propia de cada estado.
No es esa la intención del INE. Al contrario, conocedores de que con corte a 2022, los OPLE han organizado 57 elecciones a gubernaturas; 153 para la renovación de los ayuntamientos de sus entidades y en 99 ocasiones para elegir a sus congresos locales. Así, han hecho posible la elección democrática y legítima de 55,336 cargos que han estado en contienda en estos 9 años: las referidas 57 gubernaturas; 3,296 diputaciones; 5,932 presidencias municipales; 5,562 sindicaturas, y 40,491 regidurías, sin contar otro tipo de cargos locales de ciertas entidades, como las presidencias de comunidad o las concejalías. Y lo han hecho bien, se los reconocemos con toda seriedad. Son órganos indispensables y enriquecedores del Sistema Nacional Electoral.
Sobre asuntos internos de los OPLE, hay que señalar que sus tareas de arbitraje se resienten severamente en su legitimidad, en su productividad y en su seriedad profesional cuando se escalan conflictos interpares y se hacen públicos frente a una sociedad informada y exigente. La ciudadanía de cada entidad federativa debe ver en sus autoridades electorales locales, verdaderos remansos de prudencia, compromiso profesional, objetividad, responsabilidad democrática y lealtad constitucional.
Veo con preocupación que se han incrementado la cantidad de procedimientos de remoción de consejerías, originados por las y los propios consejeros en contra de sus colegas. Con frecuencia son producto de desavenencias entre consejerías sobre interpretación jurídica y/o por designaciones del funcionariado superior. Las y los inconformes, aún estando en minoría, acuden indebidamente a este mecanismo como arma arrojadiza, instrumento de control, de amenaza y a veces, francamente, de violencia política.
Según reporte oficial del área de remociones del INE, últimamente se han abierto 12 expedientes de remoción en los que tanto denunciantes como denunciados o denunciadas son personas consejeras. Afortunadamente, los 12 han resultado infundados.
Se trata de una práctica deleznable. No hay solvencia alguna en una autoridad que no puede resolver de manera pacífica y democrática sus diferencias internas, que las hay y debe haberlas, como en todos los órganos colegiados. Ello podría indicar que quizá tampoco tenga cómo resolver los dilemas que la ley y la coyuntura le impone casi cotidianamente en su relación y diálogo con actores externos como los gobiernos y los congresos, los propios partidos, los medios de comunicación, las universidades y la misma ciudadanía. Desde aquí un atento llamado a la seriedad, prudencia, diálogo y tolerancia.
Sobre las complejidades presupuestales de los OPLE. En el INE estamos observando esas dinámicas constantemente. Cada sesión del Consejo General del INE se presenta un informe sobre la situación presupuestal de sus respectivas instituciones. Es un mecanismo para acompañar y para visibilizar los retos y desafíos que se les presentan, incluso fuera de proceso electoral, y que los OPLE van empujando mediante diálogo e información hacia soluciones satisfactorias para todos los actores involucrados y, en ocasiones, con la interposición de los medios jurídicos correspondientes.
No están solos. Como parte central del Sistema Nacional Electoral, nos concierne a todas y todos en el INE asegurar que nuestras atribuciones sean cabalmente cumplidas, a tiempo, con suficiencia y en su totalidad. Cuentan con el INE.
Consejera electoral del INE.
