El presupuesto de cualquier institución pública es expresión del compromiso con el cumplimiento cabal de sus responsabilidades. Es también manifestación de su sensibilidad y análisis sobre el estado de las finanzas públicas y sus componentes macroeconómicos fundamentales, a la vista del entorno financiero internacional.
Si es configurado con seriedad profesional, responsabilidad hacendaria, objetividad técnica y vocación de austeridad republicana, como lo hacemos en el Instituto Nacional Electoral (INE), el presupuesto es un mapa de ruta constreñido a lo esencial, pero garantizando el acatamiento de nuestros principios rectores y los resultados de eficacia y calidad que la sociedad en general, mejor informada y más exigente que nunca, espera y demanda, como en cada proceso electoral desde 1991.
Desde la Comisión Temporal de Presupuesto, que presido, nuestro Proyecto fue conformado con visión prudencial y normativa. De acuerdo a nuestras reglas, convicciones y tradiciones, el documento transitó por nuestras instancias colegiadas, con el consenso de nuestras áreas directivas, técnicas, ejecutivas, de vigilancia e inclusive, de control interno, tanto en el nivel central como en el desconcentrado.
El pasado viernes 3 de noviembre conocimos de la aprobación del Dictamen de Presupuesto de Egresos de las Federación 2024 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputaciones. Según el documento y sus anexos se aprecia un recorte por 5,003 millones de pesos al proyecto del INE, que sin las prerrogativas anuales para los partidos políticos nacionales, ascendió originalmente a un poco más 27 mil 300 millones de pesos.
Esa readecuación implica un ajuste a la baja de 18.30% si incluimos el apartado precautorio que por orden de la Suprema Corte debemos incluir cada año en materia de Consulta Popular. En cambio, si se aplica el decremento solo al gasto programado para presupuesto base y cartera de proyectos especiales, que ascendió a un poco más de 23 mil 700 millones, el recorte ascendería en realidad a 21.05%.
Es conocido que por acuerdo de los órganos de gobierno de la cámara y de los grupos parlamentarios, la discusión en lo general sobre el referido dictamen se desarrolló en el pleno el día de ayer, lunes 6 de noviembre. A su vez, que el debate en lo particular iniciará hoy martes 7 de noviembre.
Confiando en el bueno juicio de las y los legisladores, hago un llamado atento y respetuoso para que ponderen con mayor detalle el tratamiento a nuestra propuesta. Nuestros comicios, ciudadanizados desde hace 32 años, gozan de gran reconocimiento social, por la precisión de su logística preparatoria, la paz social de las jornadas electorales y la oportunidad política y claridad informativa de sus resultados.
Una readecuación como la referida resulta preocupante de cara al proceso electoral concurrente más grande de la historia de México, en el que debemos realizar por primera vez muchas nuevas actividades y cumplir con muchas nuevas atribuciones, que no existían en la elección general de 2018 y con más de 8 millones de votantes que en la última elección presidencial. A pesar de eso, nuestro proyecto 2024 contiene un aumento de apenas 11.02% respecto de aquel año. Hay que recordar que cada año el proyecto de presupuesto del INE oscila entre el 0.2% y el 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación; es decir, ni un punto porcentual.
Sin embargo, si esos recursos del ajuste se destinan a la reconstrucción de las zonas afectadas en Guerrero y al apoyo de las familias de ese estado, estoy segura que el INE será plenamente solidario, si se destinan a ese fin en el marco de las leyes, con la máxima transparencia y con los controles suficientes y adecuados.
La calidad de las elecciones mexicanas demanda dos cosas: recursos suficientes y voluntad política. Lo primero tiene que ver con lo que cuestan los programas institucionales y con lo que vale nuestra democracia. Lo segundo es lo que conduce a los estados modernos a un buen ejercicio de gobierno, cuyo origen primario son elecciones íntegras.
Consejera electoral
