El contexto de desigualdad de derechos entre hombres y mujeres ha generado, desde hace mucho tiempo, que diversas instancias de la sociedad civil, colectivos de mujeres, líderes de opinión, integrantes de grupos académicos, así como mujeres que, con mucha dificultad han alcanzado posiciones importantes en diversos ámbitos de la esfera pública, la promoción e impulso desde distintos espacios de cambios estructurales en nuestro sistema político.
Un ejemplo lo tenemos el 5 de septiembre de 1983, cuando en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en Tiahuanaco, Bolivia, y en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara, mujer de ideales que se opuso a la dominación colonial y cuyo resultado fue su asesinato en la comunidad de La Paz, Bolivia en 1782, se determinó conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas.
Esta importante y muy representativa fecha tiene por objeto rendir tributo a todas las mujeres del mundo que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas visibilizándolas y logrando mejores condiciones en torno al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Nuestro país forma parte de diversos instrumentos y tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En estos documentos México se comprometió a promover los derechos fundamentales de este importante sector de la población, respetando los aspectos culturales y tradicionales que les corresponden.
Ahora bien, de acuerdo con datos estadísticos del Inegi, conforme al Censo de Población y Vivienda 2020, 64,540,634 de mujeres conforman nuestro país, lo que representan el 51.2% de la población total, que asciende a 126,014,024 millones de personas. De este total, 23.2 millones de personas se autocalificaron como indígenas; 11.9 millones son mujeres.
Bajo este contexto y de acuerdo con lo mandatado por nuestra Constitución Política que establece que todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forme parte, y considerando que nuestra norma superior señala que está prohibida toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, diversas instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), el Instituto Nacional Electoral ( INE ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ), entre las más representativas, basándose en principios de igualdad y no discriminación han pavimentado el camino para la implementación de una serie de acciones afirmativas entre las que se encuentra la que corresponde a las personas indígenas.
Partiendo que nuestra Carta Magna reconoce que nuestro país es una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, en la elección de 2018 el INE propuso que los partidos políticos postularan a personas que se autorreconocieran como indígenas en 12 de los 28 distritos federales que entonces contaban con el 40% o más de población indígena.
El TEPJF al resolver el recurso SUP-RAP-726/2017 y acumulados determinó ampliar la medida a 13 distritos lo que permitió un piso mínimo de 13 personas de origen indígena, de las cuales 10 fueron hombres y sólo 3 mujeres.
Para la elección de 2021 se estableció para esta acción afirmativa que los institutos políticos nombraran por el principio de mayoría relativa, fórmulas integradas por personas que se acreditaran como indígenas en 21 distritos determinados por el INE con población indígena, dentro de las cuales 11 debían ser mujeres; y para la vía de representación proporcional los partidos políticos debían postular 9 fórmulas, respetando el principio de paridad.
Estas acciones han permitido ir reduciendo la brecha de desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. Mucho hay por hacer y, en especial, para garantizar el ejercicio de sus derechos a las mujeres indígenas que representan nuestras raíces, nuestros valores primarios y nuestra cultura que no debemos perder y que, conforme logremos ampliar y potenciar sus derechos estaremos rescatando esos valores que forman parte y dan vida a nuestros derechos fundamentales y constituyen la riqueza de nuestro país.
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