La Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su Resolución 61/271 de fecha 15 de junio de 2007, estableció el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, como un homenaje al líder del movimiento de independencia de la India, Mahatma Gandhi, quien fuera cabeza de este movimiento e impulsor de la filosofía y estrategias para la no violencia.
La Resolución advierte de “la relevancia universal del principio de no violencia“, con el objetivo de “asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”, difundiendo para ello el mensaje de la no violencia “…incluso a través de la educación y la conciencia pública”.
La No Violencia significa equidad en derechos; igualdad de oportunidades; certeza jurídica y social para todas las personas que viven, se desenvuelven y desarrollan en una sociedad. En México, que tiene concepción tanto histórica e ideológica de un Estado patriarcal, las mujeres han estado sujetas a una discriminación constante y, en muchas ocasiones a ser violentada de múltiples formas.
En este sentido y toda vez que nuestra nación forma parte de diversos instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, han sido emitidos diversos ordenamientos legales para enfrentar el grave contexto de discriminación y violencia contra las mujeres tales como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Víctimas, entre otras.
No obstante, y de acuerdo con el Inegi con información estadística de 2021, poco más de 50 millones de mujeres de 15 años y más, que representan el 70% de las mujeres en México, han experimentado, al menos, una situación de violencia destacando la violencia psicológica (51.6%), la violencia sexual (49.7%), la violencia física (34.7%) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%).
Por ello, desde el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con lo dispuesto en diversos ordenamientos legales y desde su ámbito de competencia, ha emitido diversas disposiciones y ha realizado diferentes acciones para prevenir y buscar erradicar la violencia en materia política en razón de género que atenta contra los derechos políticos y electorales de las mujeres e irrumpe en la sociedad obstaculizando la igualdad entre los géneros.
A finales del mes de agosto, el Consejo General del INE, presentó un informe, en cumplimiento al Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en el que se destaca que, entre abril de 2020 a abril de este año, se habían recibido un total de 216 quejas, denuncias o vistas en la materia, de las cuales se habían registrado 70 Procedimientos Especiales Sancionadores. Respecto al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres se tiene al primero de octubre un total de 275 registros de donde 247 personas han sido sancionadas, 42 mujeres por 205 hombres.
Por entidad federativa Oaxaca encabeza la lista de personas sancionadas con 82 registros, seguido de Veracruz con 34, Tabasco 23, Baja California 15, Chiapas 14, Baja California Sur 13 y Sonora 12 entre los más representativos.
Destaca de igual forma que por el cargo que ostentan las personas que cometen violencia política en contra de las mujeres alrededor del 20% corresponden a presidentes o presidentas municipales; ciudadanas o ciudadanos en un 19%; regidor o regidora en un 14%, persona periodista un 8.9%, entre otros.
Es por ello, que el INE trabaja de la mano con diversas instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, quienes son los principales actores de la contienda electoral, para delimitar acciones que busquen erradicar este cáncer de nuestra sociedad y que no se vea reflejada en las próximas elecciones, las de 2023 y las que se registrarán en 2024 que corresponden al ámbito federal y local.
Tan solo en el proceso electoral de 2020-2021 la empresa Etellekt reportó 343 casos de violencia política contra las mujeres.
Está en todos y todas, generar acciones para erradicar este terrible fenómeno que atenta contra nuestra estabilidad social y gangrena nuestro sistema democrático.
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