En días pasados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) emitió una convocatoria para participar en una #ConsultaPública denominada: “Por una justicia electoral más ciudadana” que incluye, por supuesto, instancias que resultan básicas para el óptimo desarrollo de la justicia y equidad de las contiendas electorales que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestra nación.
En este sentido, un tema que propuse desde mediados del año pasado cuando fungía como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), fue la creación de una Defensoría Pública para Mujeres con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos políticos y electorales así como brindarles la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia y defensa de las mujeres que ocupan o están compitiendo para ocupar cargos de elección popular.
Bajo este contexto, han transcurrido aproximadamente 8 meses desde la presentación de la propuesta, la cual desafortunadamente aún no ha sido concretada, soslayando la importancia de integrar un área técnica encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa jurídica y asesoría legal en materia administrativa electoral, jurisdicción electoral y penal a favor de las mujeres aspirantes, precandidatas , candidatas, o bien, de aquellas que ocupan espacios públicos. Las tareas de esta Defensoría deben ampliarse a otros grupos en situación de vulnerabilidad, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
Consecuentemente, y tal y como lo he manifestado en las sesiones de la Comisión respectiva, el INE debe realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance con el objetivo de conformar la Defensoría Pública para las Mujeres y Grupos en Situación de Vulnerabilidad a fin de garantizar sus derechos en igualdad de condiciones, libres de violencia y de cualquier tipo de discriminación. La Defensoría, además, buscaría garantizar el acceso de las mujeres y personas integrantes de estos grupos a espacios de liderazgo en condiciones de igualdad material e integral respecto de las demás personas.
La creación de la Defensoría Pública para Mujeres y Grupos en Situación de vulnerabilidad representaría una medida importante y fundamental a favor de las mujeres y personas pertenecientes a estos grupos para, entre otros aspectos, garantizar los siguientes derechos:
- Una plena asesoría legal sobre derechos políticos y electorales de las personas, específicamente de las mujeres, en materia administrativa, penal y electoral, así como los alcances, implicaciones y consecuencias de la violencia política contra las mujeres en razón de género;
- Defensa jurídica que consistiría en la garantía de defensa ante diversas autoridades como el INE, el TEPJF, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entre otras;
La propuesta que en su oportunidad presenté consideraba una Dirección General o Ejecutiva; una dirección de vinculación; tres subdirecciones relacionadas con la materia de violencia política contra las mujeres en razón de género: en materia penal: en jurisdicción electoral, y la relacionada con el procedimiento administrativo sancionador; defensoras y defensores -nombrados por el Consejo General del INE , su máximo órgano de decisión-, así como la participación de las 31 Juntas Locales Ejecutivas del INE con excepción de la Ciudad de México por contar ya con una instancia; así como diverso personal administrativo y de apoyo para la consecución de los objetivos y finalidades de la Defensoría Pública para las Mujeres.
Como podemos observar y ante la cercanía del proceso electoral 2023-2024, resulta necesario garantizar en la contienda electoral mencionada los principios constitucionales de equidad, certeza, igualdad, paridad y legalidad en condiciones libres de violencia por lo que es indispensable retomar la constitución de la Defensoría Pública para las Mujeres y ampliarla a grupos en situación de vulnerabilidad, para garantizar que las mujeres y personas pertenecientes a los grupos mencionados, ejerzan a plenitud sus derechos sin ser violentadas por ello, pero sobre todo, en favor de una sociedad incluyente, participativa y respetuosa de las normas que le han ido abriendo espacios para la participación y empoderamiento de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
