La historia de las mujeres en nuestro país ha sido largo y llena de obstáculos para garantizar a plenitud nuestros derechos así como combatir la violencia de género. En 2007 es promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuyo objetivo fue establecer acciones entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En materia electoral el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió junto con otras autoridades electorales y de procuración de justicia el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres (2016), y adecuó su Reglamento de Quejas y Denuncias para incorporar la violencia de género (2017).
Posteriormente, un grupo de mujeres organizadas conocidas como “Las Constituyentes CDMX” y con el afortunado respaldo de legisladoras de todos los partidos políticos, servidoras públicas tanto del ámbito federal como local, mujeres líderes de opinión, entre otras, presentaron una propuesta para impedir que personas que cometieran algún tipo de violencia contra las mujeres en razón de género pudieran registrarse a una candidatura de elección popular en las elecciones de 2021.
En este sentido, y a raíz de más de 40 iniciativas presentadas ante el Legislativo para atender la violencia política en razón de género fueron modificadas 6 Leyes Generales y 2 Federales y que, en abril de 2020 fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres, mandatando al INE a vigilar que las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollaran conforme a la normatividad aprobada.
Ahora bien, para el proceso electoral 2020-2021 en el que fueron renovados más de 20 mil cargos de elección popular un grupo de diputadas y feministas solicitaron al INE, en octubre de 2020 que se contemplara la iniciativa #3De3ContraLaViolencia con la finalidad de que personas con antecedentes o denuncias de violencia de género, contra personas deudoras alimentarias, acosadoras sexuales o agresoras en el ámbito familiar, no pudieran aspirar a alguno de los cargos en disputa.
Debido a estas consideraciones, el INE como garante de la realización de los procesos electorales, el 28 de octubre de 2020 aprobó los Lineamientos para que los partidos prevengan, atiendan, sanciones, reparen y erradiquen la violencia contra las mujeres en razón de género, en los que incluyó la iniciativa #3De3ContraLaViolencia.
Del mismo modo, en noviembre de 2020 el INE, en la definición de los criterios para el registro de las candidaturas para la elección de 2021 estableció la presentación del formato #3De3ContraLaViolencia como requisito para el registro de las múltiples candidaturas, así como para las personas aspirantes a una consejería electoral en los Organismos Públicos Locales Electorales así como para el Servicio Profesional Electoral.
Ahora bien, el Legislativo Federal aprobó en abril de este año el dictamen que reformó y adicionó los artículos 38 y 102 de la Constitución relacionados con la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, a las personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual. Asimismo, por violencia familiar, doméstica, violación a la intimidad sexual, por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Aprobado en el Pleno a finales del abril por el Senado de la República, el mismo fue remitido a las legislaturas locales para su respectivo análisis. Bajo este contexto, el pasado 18 de mayo con la aprobación del Congreso del Estado de Zacatecas se alcanzó el número de Legislaturas necesarias (17), aunque ya han sido aprobadas por más de 22 Congresos Locales para reformar la Constitución e incorporar la #3De3ContraLaViolenciaDeGénero.
Este gran suceso, luego del largo trecho caminado, sienta las bases para una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y que generará certeza en diversos procesos, entre ellos los electorales bajo un esquema libre de violencia. ¡Enhorabuena por aquellas personas, principalmente las mujeres, que impulsaron esta iniciativa!
Consejera electoral del INE
