Las instituciones del Estado mexicano tienen sus atribuciones establecidas tanto en la Constitución Política como en las normas legales correspondientes con el objetivo de cumplir una función determinada. Así, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con nuestra Carta Magna, es el organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de organizar las elecciones federales así como los procesos de democracia directa y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), las elecciones locales que se registran a lo largo y ancho del país.
Para ello, el Legislativo a través de diversas leyes secundarias le otorgó a la autoridad nacional electoral múltiples actividades entre las que destacan: determinar la geografía electoral del país tanto federal como local; la integración, resguardo y actualización del padrón y lista nominal de electoras y electores; la emisión de criterios sobre los resultados preliminares de las elecciones, las encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, así como lo relativo a la impresión de documentación y materiales electorales; responsable de la elección y remoción de las y los consejeros de los OPLE; la capacitación y designación de las y los funcionarios de casilla; la educación cívica en el país; la emisión de lineamientos para la instrumentación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero; la fiscalización de todos los ingresos y egresos de los partidos políticos, así como de candidatas y candidatos, entre muchas más.
Los resultados que ha mostrado el INE, desde su creación en 2014, se han materializado en el cambio del poder político de forma pacífica y por los cauces institucionales de acuerdo con la ley, cumpliendo con el objetivo fundamental de garantizar nuestro sistema democrático. No es gratuito que diversas mediciones hayan mostrado la alta confiabilidad que el principal actor de nuestro sistema político le tiene: la ciudadanía.
Por ello, es importante resaltar que en días pasados el INE recibiera el reconocimiento de “Buenas Prácticas en el Uso de Evaluación en el Ciclo de las Políticas Públicas”, por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( CONEVAL ). Dicha institución tiene como objeto principal la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, así como la medición de la pobreza de nuestra nación, de conformidad con las atribuciones que tiene establecidas en la ley.
Para el caso del INE, el reconocimiento otorgado por el CONEVAL se circunscribe a la subcategoría relativa al “Diseño, desarrollo o fortalecimiento de herramientas que mejoren los procesos de evaluación o monitoreo”, por su Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, mejor conocida por sus siglas como MOSE.
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) es la planeación que el INE llevó a cabo para contribuir con sus tareas transversales a las elecciones, en la generación de un cambio cultural a través de tres ejes estratégicos: 1) desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos; 2) que la ciudadanía contribuya e incida en los temas que son parte de la discusión pública, y 3) que la ciudadanía genere contextos de exigencia a los poderes públicos que permitan al Estado rendir cuentas y, consecuentemente, fortalecer el Estado de Derecho que debe prevalecer en nuestra nación.
El reconocimiento otorgado por el CONEVAL significa el resultado de la aportación del INE, no solamente en su función de planear, organizar y desarrollar elecciones y, ahora, ejercicios de participación ciudadana, sino también, en crear ciudadanía responsable a través de una cultura cívica y la participación de las y los ciudadanos en los diferentes rubros de nuestro acontecer democrático, lo que se traduce que desde 2017 y hasta marzo de este año, se hayan desarrollado 76 proyectos de educación cívica alcanzando la atención de casi 16 millones de personas.
Tenemos mucho por hacer aún, pero el INE demuestra una vez más, ser una de las instituciones más sólidas y confiables de nuestra nación en el cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas, en este caso, la educación cívica nacional.
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