El 11 de octubre de 1990 nació el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), a raíz de una crisis derivada de los comicios electorales de 1988. A partir de entonces, la exigencia de la ciudadanía por contar con una institución confiable, que diera certeza, imparcialidad y transparencia a las contiendas electorales, tuvo como resultado la creación de un organismo autónomo, desapareciendo con ello a la otrora Comisión Federal Electoral, la cual estaba presidida por la Secretaría de Gobernación y, por lo tanto, respondía a los intereses del gobierno en turno.
Como resultado, el órgano máximo del entonces IFE, es decir, el Consejo General, estaría conformado por el Secretario de Gobernación (Presidente del Consejo), seis consejeros magistrados, dos integrantes de la cada una de las cámaras del Congreso de la Unión y representantes de los partidos políticos.
En 1994 se introduce la figura de consejeros ciudadanos, los cuales serían personas propuestas por las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y electos por las dos terceras partes de los presentes, así como la conservación de representantes partidistas, pero sin voto en las decisiones del Congreso General.
Con ello, las personas designadas como Consejeros Ciudadanos serían las únicas con derecho a voto en el órgano máximo de decisión, dando paso a una verdadera autonomía e independencia del IFE.
En 1996 con una nueva reforma constitucional se refuerza la autonomía e independencia del órgano electoral, excluyendo por completo al Poder Ejecutivo en la integración del Instituto y ampliando el número de miembros a 9 personas designadas como consejeras electorales.
Con el fin de fortalecer al instituto, así como aumentar la credibilidad y confianza de la ciudadanía, llegaron otras reformas con el propósito de reforzar la fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos, así como la modificación del modelo de comunicación política, dando con ello grandes pasos a la construcción de un organismo sólido como lo es hoy en día.
Finalmente, con la reforma de 2014 el IFE transforma su denominación a Instituto Nacional Electoral (INE), dando con ello un carácter nacional al organismo. Asimismo, la reforma política y electoral trajo consigo cambios en la homologación los estándares de los procesos electorales, así como la coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales para la organización de los comicios a nivel local.
Actualmente, el Consejo General del INE está conformado por once Consejeros y Conejeras Electorales, de los cuales uno funge como Presidente y cinco son mujeres, dando por primera vez un paso importante a una conformación paritaria en su integración.
Desde 1990 a la fecha el IFE/INE ha organizado 200 procesos electorales y para 2021, el INE deberá demostrar de qué esta hecho, pues se celebrará el proceso electoral más grande y más complejo que hayamos tenido en la que se elegirán más de veintiún mil cargos y en la que podrían participar casi 95 millones de personas.
Muchos retos enfrentará la autoridad electoral, como lo será la organización de elecciones en medio de la crisis sanitaria por la que actualmente atraviesa el país y el mundo; además de nuevos proyectos como los son la instrumentación del voto por internet en 11 entidades federativas que recibirán el voto de sus conciudadanos desde el exterior; proyectos que amplían los derechos de la ciudadanía como el voto de personas en situación de prisión preventiva, o incuso la coordinación con los 32 organismos públicos locales electorales para la consecución de las elecciones locales en igual número de entidades federativas.
La hoja de ruta del INE que determinará su consolidación será sin lugar a dudas, la materialización de la paridad de género, así como el abatimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Finalmente, la fiscalización de los recursos públicos de los actores que participen en la contienda electoral enmarcará la equidad en la contienda electoral, de tal modo que, quienes resulten ganadores sea estrictamente por la voluntad de mujeres y hombres que, con su voto, así lo determinaron.
30 años de historia democrática en donde la ciudadanía tiene y tendrá siempre la última palabra del destino de país que quiere.
