Según parece, este será un sexenio de muchas discusiones en materia de vivienda tanto a nivel federal como en la Ciudad de México: la reforma constitucional en materia de INFONAVIT, la construcción del primer proyecto de vivienda para jóvenes en la Colonia Doctores, así como las promesas de campaña de una construcción de vivienda social inédita, por dar tan solo algunos ejemplos. No obstante, la discusión no estará completa si no se incluyen las deudas pendientes como la de la comunidad otomí en la Benito Juárez.
El pasado 8 de julio, mediante un comunicado un grupo de familias otomíes dieron a conocer que iniciaban una “cuenta regresiva” de 95 días para exigir que las autoridades cumplan con su promesa de garantizarles su derecho a la vivienda antes de concluir con la administración de Martí Batres. Asimismo, anunciaron que a partir del 1 de octubre estarán haciendo un llamado a Clara Brugada, la nueva Jefa de Gobierno, para garantizar una mesa de diálogo en aras de ponerle fin a este conflicto.
Desde hace poco más de 30 años estas familias han exigido que el gobierno expropie un inmueble sin dueño cierto para construir un proyecto de vivienda indígena. No están pidiendo algo que no se haya hecho antes. A pesar de ser poco conocido para algunos, expropiar terrenos sin dueño cierto o abandonados para este tipo de políticas es algo que ya se ha hecho antes en distintas administraciones. Incluso, en su momento, el gobierno les informó que había iniciado los trámites legales para ello.
Sin embargo, el problema se agravó cuando en los últimos años una inmobiliaria entró en escena asegurando ser la propietaria del inmueble. Esto generó indignación por parte de las familias, quienes denuncian que el gobierno nunca les había permitido acceder a la documentación del mismo inmueble que ahora, de alguna manera, se adjudicaba un particular.
Este caso de largo aliento ha tenido distintas etapas y puntos de conflicto, siendo quizá uno de los más mediáticos la ocupación que hicieron en protesta del edificio de lo que antes era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) -hoy rebautizado como Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”. También, se han dado distintos episodios de intento de desalojos y agresiones en contra de los campamentos realizados en protesta sobre la vía pública.
El caso de la comunidad otomí en la Cada de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” es particularmente especial, no solo por su impacto social sino porque previamente las autoridades de distintas administraciones habían hecho compromisos y adelantado trámites legales para garantizar el acceso a una vivienda. No solo no hay motivos para desistirse de la obligación, sino que ahora que la vivienda comienza a recuperar un terreno en el reflector de la política pública, la atención a este caso debe ser una prioridad.
La problemática de vivienda es sumamente compleja en nuestro país. Son décadas de omisiones y negligencias que han acumulado muchos agravios que urgen ser atendidos. Nadie dice que sea una tarea fácil, pero no hay motivo para no escuchar el llamado a la mesa de diálogo y a la atención de las necesidades habitacionales de esta comunidad otomí. Más cuando -hay que insistir en ello- había un compromiso institucional previo que trasciende administraciones. Más cuando, tal y como han señalado en reiteradas ocasiones, no quieren que les regalen nada, sino que les permitan acceder a una vivienda con un trato y precio justo.
