“¿Y eso cómo beneficiaría a los desarrolladores?”. Esta es una pregunta que suele escucharse cuando alguien plantea que las cooperativas son una alternativa para enfrentar los problemas de vivienda en el país. Algunas voces en el sector público y privado suelen minimizarlas, diciendo que “no tiene caso” o cuestionando su viabilidad como negocio. Sospecho a veces que la razón es justamente porque son un mecanismo que no tiene en el centro ni al estado, ni al desarrollador, sino a las personas que van a vivir en ella. A pesar de la gran urgencia habitacional que hay en el país, creo que seguimos sin hablar lo suficiente de cooperativas de vivienda.
Hay cuatro ventajas en particular de este esquema que deben destacarse: 1) permite abaratar costos para los socios, en comparación a lo que le costaría a cada uno por separado adquirir financiamiento; 2) permite que las personas se involucren en las decisiones sobre el tipo de espacio que van a habitar, atendiendo a sus prioridades; 3) de concretarse, generan un tejido comunitario y un aprendizaje sobre cómo atender diferencias y llegar a consensos entre los socios; y 4) son una alternativa para enfrentar procesos urbanos como la gentrificación o la turistificación.
Esto no es un mero planteamiento teórico, sino que se sostiene de la experiencia. En el corazón de Santa Fe, uno de los principales centros financieros de la Ciudad de México, se encuentra la Cooperativa Palo Alto. Están ahí desde 1972, a pesar de las constantes presiones para que vendan el cotizado espacio en el que habitan. Sin embargo, en los últimos años se han enfrentado a una batalla legal que busca fraccionarlos. ¿Si las cooperativas son realmente una opción, por qué entonces poner de ejemplo a una que actualmente atraviesa litigios que amenazan con revertir lo conquistado en décadas?
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El problema no es en sí del esquema cooperativo sino de la legislación en nuestro país. Actualmente, las cooperativas de vivienda están reguladas por la Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual presta poco o nula atención a cooperativas de consumidores, como se les denomina a las que tienen objetivos como la adquisición de una vivienda, y está pensada principalmente para cooperativas de productores. La crítica no es que se atienda a ésta última, sino la falta de un esquema legal que realmente atienda a las necesidades de las cooperativas de vivienda, las cuales tienen particularidades que las diferencian de las de productores.
En términos generales, las cooperativas de vivienda tienen hoy día un marco legal de lógica mercantil, lo cual ha llevado a problemas como los que hoy enfrenta Palo Alto. Esto nos hace pensar: si esa cooperativa se ha mantenido por más de 50 años a pesar de tener en su contra los vientos de la legislación actual ¿qué no podría lograrse si se abordase el tema de las cooperativas de vivienda en serio y se hicieran las adecuaciones legales que urgen?
Hace no mucho estábamos en campañas electorales y muchas personas candidatas al Senado y a la Cámara de Diputados se llenaron de discursos sobre el derecho a la vivienda y el bienestar de la población joven. Si tanto discurso iba en serio, es momento de demostrarlo. ¿Van a reformar la legislación en materia de cooperativas de vivienda? ¿O tampoco lo ven prioritario porque no es una alternativa planteada como negocio inmobiliario? La problemática de vivienda ya no da para discursos vacíos y urge exigir este tema.
Toda mi solidaridad y mi admiración a la gente de Palo Alto.
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mahc
