El día de hoy, 28 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. En México, este derecho es tutelado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y constituye una prerrogativa socialmente útil que sirve como una llave poderosa para acceder y ejercer otros derechos. Asimismo, es un elemento indispensable para buscar la justicia, la verdad y las respuestas que las autoridades deben brindar a la ciudadanía, por medio de ejercicios efectivos de rendición de cuentas.
Durante los primeros 8 meses de 2019 se han presentado 165,874 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 1,191 han derivado en la presentación de una queja o recurso de revisión, siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios las instituciones públicas que más solicitudes han recibido y, por otro lado, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la Oficina de la Presidencia de la República y el IMSS quienes han registrado un mayor número de recursos de revisión.
Seguramente se preguntarán, qué es lo que más preguntan las y los mexicanos cuando ejercen este derecho. Entre los temas más recurrentes en las solicitudes de información pública podemos encontrar: expedientes judiciales y administrativos, uso del presupuesto; compras públicas, licitaciones y adquisiciones, programas de salud y compras de medicamentos; información laboral de servidores públicos; acceso a documentos específicos; así como temas de interés público relacionados con programas de gobierno y las grandes obras de infraestructura anunciadas en esta administración.
Esta información da cuenta de los aspectos de la vida pública que más interesan a los mexicanos, pero también de una nueva forma de ejercer la ciudadanía en México. Es decir, la variedad de temas de las solicitudes de información no es sino el reflejo de una ciudadanía más activa que pregunta y exige respuestas, y con ellas motiva sus decisiones o fundamenta sus argumentos o reclamos. Esto, sin duda, se traduce en una ciudadanía de una nueva época, con un mayor nivel de interés y participación en los asuntos públicos y la toma de decisiones. Bajo este escenario, somos actores y testigos de un nuevo paradigma en la interacción entre el gobierno y la sociedad; en donde el ejercicio pleno del derecho a saber, la transparencia proactiva y la apertura de las instituciones a comunicar y escuchar, ha posibilitado un diálogo más horizontal.
Aunado al ejercicio de esta prerrogativa y estos principios, las redes sociales expandieron la esfera pública convirtiéndose en foros complementarios para la participación social y política de todos los individuos, así como para hacer efectivo el derecho a la información. Inclusive, la SCJN se ha pronunciado en el sentido de que las personas servidoras públicas no deben bloquear o denegar el acceso a un usuario a sus perfiles en las plataformas digitales en las que suelen compartir información relacionada con sus actividades oficiales, sin una causa justificada. En ese sentido, la suma de estos elementos ha dado como resultado una sociedad más empoderada, que tiene más voluntad y más espacios para saber y ser partícipe de la vida pública.
La población ha dado grandes muestras de su disposición para dialogar, pero también para analizar la información que recibe o consume, así como para exigir mayor rendición de cuentas. En el Instituto Nacional de Transparencia estamos convencidos que el acceso a la información pública es una gran herramienta de y para la ciudadanía. Por ello, reiteramos nuestro compromiso para impulsar la máxima publicidad de la información pública.
Hoy nos sumamos a la celebración del surgimiento del derecho que tienen todas las personas para preguntar y acceder a la información pública, los cuales son, sin duda, elementos necesarios en cualquier democracia que busque el bienestar de la población a través del conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.
Comisionada del INAI
