Este miércoles 23 de agosto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó otorgar la suspensión solicitada por el Inai para que el Pleno de este Instituto sesione de manera legal con cuatro de las siete personas comisionadas, y no con cinco como establece el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello en tanto el Senado de la República designa a los integrantes faltantes de nuestro órgano máximo de dirección.
El proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek, que fue aprobado por la mayoría, permitirá al organismo constitucional autónomo sesionar para resolver los más de 8 mil 200 recursos interpuestos por la ciudadanía ante la posible vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Sin duda, una determinación clave para nuestra nación, que demuestra el valor del sistema de pesos y contrapesos y el vital papel del Alto Tribunal como garante de la democracia constitucional.
Por ello, en el Instituto Nacional de Transparencia reconocemos esta resolución. Indudablemente, es una muestra del compromiso con la efectividad de los dos derechos humanos que tutelamos y un reflejo de su labor apegada a la legalidad y comprometida con la democracia de nuestro máximo Tribunal Constitucional.
Este hecho beneficia no sólo a una Institución del Estado mexicano, sino a la sociedad en su conjunto. Fue su demanda que nos dio origen y es nuestra función, la que nos convierte en un contrapeso al poder público, pues como lo hemos señalado en otros espacios, no venimos a ser cómodos a las autoridades sino a garantizar dos derechos fundamentales de todas y todos; somos un aliado de la sociedad y una institución fundamental para promover que las acciones y decisiones de las autoridades sean cada vez más públicas y transparentes.
En ese contexto, reiteramos nuestro compromiso con las y los mexicanos para salvaguardar los dos derechos humanos que nos han sido encomendados. Estaremos a la espera de recibir la notificación correspondiente para conocer los efectos de la suspensión otorgada, para estar en condiciones de que, en los próximos días, podamos sesionar de nueva cuenta, y con ello, continuar cumpliendo a cabalidad con la labor constitucional encomendada, esa que sólo es por y para las mexicanas y los mexicanos.
Estamos conscientes de que aún quedan pendientes por resolver, pero esta resolución restablece el orden constitucional, al devolver a la ciudadanía el ejercicio pleno y efectivo del derecho a saber y la protección de sus datos personales.
