Muchos me han preguntado si el plan del gobierno federal para contener la inflación es una buena idea y si en verdad dará los resultados esperados. Lo importante, para comprender sus alcances reales, es considerar el origen multifactorial del problema.
Recordemos que, a diferencia de otros países que implementaron una serie de medidas de política fiscal como respuesta a la pandemia, en México no hubo una reasignación del gasto público de proyectos no prioritarios. En lo que respecta a la política monetaria, en un principio el Banco de México reaccionó adecuadamente, pero aún faltan cosas por hacer para enfrentar la escalada inflacionaria de los últimos meses. Y a esto agreguemos el factor de la guerra de Rusia contra Ucrania y sus efectos en las cadenas de valor, así como en la distribución y el precio de algunos bienes, ya de por sí afectados por la pandemia y las estrictas medidas de contención sanitaria implementadas por China.
En este contexto, me referiré primero a los aspectos positivos del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), compuesto de cuatro grupos de medidas: de producción, de distribución, de comercio exterior y otras medidas para contener el incremento de precios.
1. Afortunadamente, no habrá control de precios -medidas todavía más agresivas e intervencionistas y que suelen derivar en escasez, mercados negros y disminución de la calidad de bienes y servicios-, sino acuerdos de precios dirigidos a apoyar principalmente la economía de los más necesitados, de quienes destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo de ciertos productos de la canasta básica.
2. Es positiva la intención de las medidas para incrementar la productividad en el campo, pues lo que se busca es incrementar la oferta de estos productos esenciales de la canasta básica, con lo que el precio de los mismos disminuiría.
3. Las medidas de apoyo a la distribución, que incluyen el fortalecimiento de la seguridad en carreteras, atenderían el problema del robo al autotransporte y al transporte ferroviario. Además, no incrementar los peajes de las carreteras, así como la exención temporal de la Carta Porte, ayudaría a bajar los costos del transporte de las mercancías desde su lugar de producción a los mercados, eslabón de la cadena de valor que tiene un impacto directo en el precio final hacia los consumidores.
Pero el Paquete contra la Inflación y la Carestía también tiene sus áreas de oportunidad, y es por ellas que se esperaría que sus beneficios sean limitados. Aquí algunos aspectos que pudieran minar la efectividad de este plan:
1. Si se pretende un efecto en un plazo de seis meses, no se está considerando que varias de las medidas propuestas, por ejemplo aquellas para aumentar la producción de alimentos en el país, tardarán más tiempo en surtir efecto.
2. La mayor parte del comercio con nuestros socios comerciales ya estaba liberalizado o las tarifas a la importación eran ya muy bajas. Entonces el conjunto de medidas de comercio exterior, de aranceles cero a la importación de productos básicos y de insumos, tendrá pocos beneficios.
3. El gobierno ya venía implementando medidas para estabilizar el precio del petróleo, de la gasolina y el diesel. Con el Pacic se confirma que lo seguirán haciendo, entonces ese impacto ya está descontado.
4. El aumento de la producción de granos es debatible porque México es importador de granos como el maíz y el trigo que se utilizan en la agroindustria, por ejemplo para la alimentación de ganado. Nuestro país no es competitivo en la producción de este tipo de productos ni es rico en términos de recursos hidráulicos, no tenemos los medios para producir este tipo de productos a gran escala. Si tuviera un impacto en la producción de estos bienes, me parece que será menor y principalmente con efectos muy localizados o para su uso en el autoconsumo.
5. Establecer un precio único nacional puede poner presión adicional en la cadena logística y generar problemas para quienes participan en la distribución. No cuesta lo mismo poner un producto agrícola de Sinaloa en un mercado de Culiacán, que llevarlo a la Ciudad de México o a Oaxaca.
6. Las grandes empresas de autoservicio o los grandes productores de alimentos y bebidas que se están comprometiendo con el gobierno federal a apoyar este programa, podrían caer en la tentación de transferir el costo de este compromiso a sus micro proveedores a través de su poder monopsónico.
7. El gran ausente en este paquete es el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los reguladores, como es la Comisión Federal de Competencia Económica, cuyo Pleno aún está incompleto por la falta de nombramiento de tres comisionados; la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que necesita más recursos de todo tipo para llevar a cabo una adecuada labor de verificación, o la Procuraduría Federal del Consumidor, que deberá estar vigilando el cumplimiento de estos acuerdos.
¿Y si nada de esto funciona para ayudar a controlar la inflación? Entonces, hará falta la medida más importante, que ya no le compete al Poder Ejecutivo, sino al Banco de México: ajustar de forma más contundente la política monetaria. Todavía hay reservas respecto a cuánto más elevar las tasas de interés. Probablemente no se quiere aumentar el costo de financiamiento público en un momento en el cual el gobierno federal ya se comprometió a no incrementar impuestos. Sin embargo, se tendría que evaluar el trade-off entre un financiamiento más caro y la inflación... habrá que ver qué pesa más.
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