Si todo sale bien, el día de hoy la Cámara de Diputados elegirá a cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE. De acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, votará las propuestas que presente la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el órgano que agrupa a los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos. En el pleno, se requiere la votación a favor de una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión extraordinaria convocada para este único fin.
Reunir mayorías calificadas suele ser complicado, particularmente cuando los acuerdos tienen que incluir a la oposición. La convocatoria para elegir a tres consejeros electorales del IFE emitida en 2010, por ejemplo, fracasó precisamente por falta de acuerdos entre grupos parlamentarios que aseguraran el voto de dos terceras parte en el pleno de la Cámara de Diputados. El IFE operó con un Consejo General incompleto (sólo quedaron seis de sus nueve integrantes) por más de un año.
Lo mismo volvió a ocurrir en 2013, cuando la convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales y al consejero presidente del IFE fracasó de nueva cuenta. Los plazos establecidos transcurrieron sin que los grupos parlamentarios alcanzaran los acuerdos necesarios. El IFE operó por cerca de seis meses con un Consejo General integrado por sólo cuatro consejeros electorales. Su presidencia, de acuerdo con un mecanismo construido para ese periodo extraordinario por los propios consejeros electorales, se rotaba mensualmente entre ellos.
Por ello en la reforma político electoral de 2014, los legisladores buscaron una solución al problema de la parálisis legislativa. En primer lugar, delegaron a un Comité Técnico de Evaluación (CTE) la facultad de armar una quintilla por cada cargo a elegir, a partir de la lista de aspirantes registrados. Este grupo, integrado por siete expertos nombrados por el INAI, la CNDH y la propia JUCOPO, facilitaría la toma de decisiones al reducir el número de opciones entre las cuales escoger.
En segundo lugar, la reforma introdujo un mecanismo de reconducción: un sorteo para concluir el proceso de elección de consejeros, en caso de que fallasen los acuerdos en la JUCOPO o que en el pleno no se reuniera la mayoría calificada de votos. La Constitución ordena a la Cámara de Diputados realizar el sorteo entre los integrantes de cada quintilla armada por el CTE. Si esto no ocurriera, una vez transcurrido el plazo previsto en la convocatoria, la misma Constitución prevé como último mecanismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haga el sorteo y elija así a los consejeros electorales.
La reconducción por sorteo se introdujo para propiciar el consenso en la JUCOPO y ayudar a sostenerlos en las votaciones en el pleno. Impone un costo a todos los participantes en la negociación por no ponerse de acuerdo al dejar que la suerte decida. El mecanismo existe para evitar que se utilice.
Hasta ahora ha funcionado exitosamente en dos ocasiones. En 2014, la Cámara de Diputados se puso de acuerdo para elegir a los once consejeros del recién creado INE. En 2017, logró el consenso suficiente para llenar tres vacantes e iniciar la renovación escalonada del Consejo General.
En 2020, el proceso de selección de cuatro consejeros del INE ha estado cerca de descarrilarse. El grupo parlamentario del PT y una pequeña facción de diputados de Morena demandaron al presidente de la JUCOPO rechazar las quintillas construidas por el CTE. Exigían incluir perfiles más cercanos al grupo de partidos que apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación. Su petición, sin embargo, implicaba ir en contra del procedimiento establecido en la Constitución.
Por fortuna, renunciaron a sus pretensiones, que habrían llevado el asunto a la SCJN bajo la forma de una controversia constitucional. Morena y sus aliados (PT, PES y PVEM) tienen, al parecer, suficientes votos para reunir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. La pregunta que aún está en el aire es si están dispuestos a hacer concesiones a los partidos de oposición en aras de un mayor consenso en la elección de los consejeros del INE.
Si la oposición vota en contra, podríamos ver un escenario parecido al de 2003, cuando la elección de los consejeros electorales del IFE fue objetada por el PRD y el PT. Aquel consejo nació con ese “pecado de origen” y fue una fuente de debilidad para el árbitro electoral. Por ello es deseable que el espíritu de las concesiones mutuas prevalezca en esta ocasión y se generen las condiciones para un INE fuerte e independiente.
