El presidente López Obrador volvió a arremeter contra el INE la semana pasada. En esta ocasión, el motivo fueron las revelaciones, a partir de una filtración a la prensa nacional, de lo declarado por Emilio Lozoya Austin en España, antes de su extradición a México. Según lo publicado, el exdirector general de PEMEX, quien busca un trato con la FGR para eludir la acción de la justicia a cambio de aportar información, recibió cuatro millones de dólares de Odebrecht en 2012, que se destinaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La revelación, cuya veracidad aún tiene que acreditarse con pruebas, pone en evidencia las deficiencias de las instituciones para combatir la corrupción electoral y el uso de dinero negro en las campañas. El presidente López Obrador no sólo da por ciertas las declaraciones, a pesar de que Lozoya Austin se beneficia al realizarlas para acogerse al criterio de oportunidad, sino que da a entender que el INE fue omiso.
“Se sabe que se utilizó el dinero de Odebrecht—dijo en conferencia de prensa López Obrador— para financiar esa campaña. Nosotros entonces presentamos una denuncia por gastos excesivos de campaña. La decisión del INE en ese entonces es que no había delito”. Luego le reprochó al INE que, en cambio, a su campaña como candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista le imputó un rebase de tope de gastos y multó por ello al PRD, PT y MC.
La acusación al INE es injusta y el diagnóstico del problema equivocado. El rebase de topes de gasto en la campaña presidencial en 2012 tiene que ver con el desordenado manejo de las finanzas, tanto del equipo de López Obrador como de los operadores financieros de la Coalición Movimiento Progresista. Buena parte del gasto excesivo en la campaña presidencial se explica por el uso generalizado del nombre y la imagen de López Obrador en la propaganda electoral de las otras campañas, tanto federales como locales, así como el esquema de prorrateo que eligió la propia coalición. El rebase fue confirmado en revisión por el Tribunal Electoral.
Por lo que se refiere a la queja por gasto excesivo contra la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, candidato de la Coalición Compromiso por México formada por PRI y PVEM, conviene aclarar dos cosas. Primero, el INE ahora, como el IFE entonces, dictamina los informes de los partidos sobre los recursos empleados en las campañas con el fin de detectar y sancionar infracciones en materia de fiscalización, independientemente de si se presentan quejas o no.
En segundo lugar, en 2012 se presentaron diversas quejas por rebase de topes contra la campaña presidencial de l a Coalición Compromiso por México, promovidas por sus principales contrincantes, la Coalición Movimiento Progresista y el PAN. Como se ha vuelto costumbre desde entonces, las quejas vinieron acompañadas de cierta evidencia: las tarjetas Monex que presentó el PAN y las tarjetas Soriana que aportó el PRD. En ambos casos, las quejas dieron lugar a sendas investigaciones y resoluciones del INE que el Tribunal Electoral confirmó.
Sin embargo, el asunto de las posibles aportaciones ilegales de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña nieto no figuró en la nutrida controversia sobre la validez de la elección de 2012. Los hallazgos de la OperaciónLava Coches, realizada por la Policía Federal de Brasil, se hicieron públicos hasta 2014. Implicaron un largo trabajo de investigación policial que desveló una red de corrupción montada por Odebrecht para hacer negocios en varios países de América Latina, incluido México.
El problema con el diagnóstico del presidente López Obrador sobre la vulnerabilidad de la democrácia mexicana a la corrupción electoral y el uso de dinero negro en las campañas radica en su fijación con el INE. La fiscalización que realiza el INE tiene como fin principal vigilar el cumplimiento de las normas de carácter financiero que protegen la equidad de la contienda electoral, como los topes de gastos, las prohibiciones a diferentes actores donar a partidos y campañas, los límites a las aportaciones de militantes y simpatizantes, etc.
Combatir la corrupción electoral o el uso de dinero negro en las campañas debe ser trabajo de una policía de investigación. Por ello, la institución clave para hacer frente a estos males es la FGR, con sus dos brazos, el área anticorrupción y la de delitos electorales. Por otro lado, aunque contamos con legislación contra el lavado de dinero, no sucede lo mismo con la corrupción electoral. El tipo delictivo no se ha establecido en el Código Penal, lo cual limita la capacidad institucional de inhibir esta patología.
Los presuntos pagos de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto, de confirmarse, constituirían un típico caso de corrupción electoral: se recibe una aportación para la campaña a cambio de una ventaja o beneficio, que se concede ya como servidor público, tras el triunfo en las elecciones. Pero el Código Penal no permite perseguir estos pagos realizados a candidatos o equipos de campaña, puesto que cuando los reciben aún no son servidores públicos. La actual figura penal del cohecho resulta insuficiente.
Los escándalos tienen una función en los sistemas democráticos: suelen preceder a las reformas. Hago votos porque el actual escándalo de corrupción electoral y uso de dinero negro en campañas electorales, que han desatado las declaraciones de Emilio Lozoya, sea el preludio de cambios institucionales que fortalezcan a la democracia de partidos; no una ocasión para justificar la centralización del poder y el retorno al autoritarismo.
