El sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales necesita una reforma. No hay duda al respecto. Los problemas de la relación entre el dinero y la política persisten, a pesar del costoso y complejo esquema de financiamiento que actualmente existe en México.
Sin embargo, reducir a la mitad la bolsa de recursos públicos que anualmente se destina a los partidos políticos, como lo propuso Morena en la Cámara de Diputados, no ataca esos problemas. De hecho, si la reducción no viene acompañada de otras medidas podría incluso empeorarlos.
El sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales nació con la reforma electoral de 1996. Se pasó entonces de un esquema que utilizaba recursos públicos principalmente para fondear campañas electorales, a otro cuyo objetivo era el sostenimiento ordinario de los partidos políticos. El cambio buscó darles estabilidad financiera y evitar que el flujo de recursos quedara sujeto al ciclo electoral, como ocurría hasta entonces.
El punto de partida de la reforma de 1996 fue la desconfianza al financiamiento privado a los partidos y las campañas. Las aportaciones de militantes y simpatizantes podían terminar corrompiendo las elecciones si no se les ponían límites estrictos. Además, dejar a los partidos a merced de las donaciones privadas significaba para la oposición el riesgo de la asfixia financiera. A esto hay que añadir la amenaza de la infiltración del dinero del crimen organizado a las elecciones.
Por ello, la reforma de 1996 construyó un sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales basado en dinero público, distribuido a partir de reglas que garantizan un piso mínimo a todos y premian el desempeño en las elecciones. En México, los partidos políticos recaudan al hacer campañas electorales, porque los votos se traducen en prerrogativas.
El sistema de financiamiento de partidos y campañas creado en 1996 buscó atacar las cuatro grandes patologías que todo sistema democrático enfrenta: 1) el uso ilegal de recursos públicos para financiar partidos y campañas; 2) la influencia indebida de grandes donadores; 3) la corrupción electoral, entendida como la entrega de donativos a cambio contratos, permisos, licencias, cargos públicos, etc., y 4) la inequidad de las contiendas producida por la penuria financiera de la oposición.
A lo largo de las dos últimas décadas, México ha desarrollado un sistema de partidos altamente competitivo. La alternancia se ha convertido en la nueva normalidad, tanto en elecciones federales como en locales. Al mismo tiempo, los partidos se volvieron dependientes del financiamiento público. Abandonaron otros esquemas de recolección de recursos.
El sistema de financiamiento de partidos y campañas que surgió con la reforma de 1996 ha tenido un éxito parcial. Ulteriores reformas como las de 2008 y 2014 han ayudado a corregir excesos y mejorar la rendición de cuentas. Pero los dictámenes e investigaciones que el INE realiza regularmente en materia de fiscalización muestran que los problemas persisten.
El desvío de recursos públicos a campañas y partidos ha encontrado otras vías que tienen que acotarse. Hay también grandes donadores que de forma encubierta siguen incidiendo en las elecciones. La corrupción electoral continúa ocurriendo sin que se hayan desarrollado los mecanismos institucionales para hacerle frente. A estos problemas se suman las patologías que el dinero público ha generado, como su uso para fines distintos a los previstos en la ley.
Apretar el cinturón a los partidos con una reducción drástica a su financiamiento no hará que estas irregularidades desaparezcan. Se necesita un diagnóstico más preciso y tiempo para construir el consenso en torno a las soluciones. De lo contrario el recorte a los partidos nos puede salir muy caro.
Consejero Electoral del INE
