El 3 de octubre pasado, el Senado aprobó en comisiones diversos acuerdos para dictaminar la iniciativa de consulta popular y revocación de mandado. La mayoría, conformada por los partidos políticos Morena, PT y PES, propone cambios a la minuta de la Cámara de Diputados, con el fin de sumar los votos suficientes para llegar a la mayoría calificada. A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado de la República la oposición unida tiene la fuerza para detener cambios a la Constitución. El acuerdo aprobado en comisiones busca acercar dos versiones diferentes de la revocación del mandato. La visión “positiva”, que defienden el presidente y su bancada en el Congreso, la concibe como una oportunidad de re-energizar al gobierno justo a la mitad del sexenio. La consulta revocatoria permitiría al presidente llegar a la segunda parte del ciclo sexenal con un mandato electoral fresco, que le inyectaría sangre nueva a su administración.
La oposición ha hecho suya la visión “negativa” de la revocación del mandato. La entiende como una institución de control político, que le permitiría a la ciudadanía deshacerse de un presidente impopular antes de que concluya su sexenio. Por ello han insistido en que la consulta revocatoria se realice únicamente a partir de una iniciativa ciudadana respaldada por un porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Se oponen a que sea el Congreso o el propio presidente de la República quien pueda iniciar una consulta revocatoria.
Otro punto en que las dos visiones entran en conflicto tiene que ver con la fecha de la consulta. El presidente y su bancada quieren que coincida con la elección intermedia en la que se renueva la Cámara de Diputados. Buscan así no sólo re-energizar al gobierno, sino también traducir ese nuevo mandato electoral en respaldo legislativo. La oposición por su parte desea una consulta revocatoria acotada a la Presidencia de la República, sin que afecte las elecciones para renovar la Cámara de Diputados.
El Presidente ha manifestado su apertura a que la consulta revocatoria se lleve a cabo después de las elecciones intermedias, exclusivamente a partir de una iniciativa ciudadana. Sus declaraciones buscan reactivar el proceso legislativo. En el Senado, Morena ha anunciado que una nueva iniciativa se llevará al pleno esta semana, a pesar de que la oposición aún tiene reservas.
Tales reservas están justificadas, pues la introducción de la consulta revocatoria representa un riesgo para la consolidación de la democracia pluralista en México. En donde se ha puesto en práctica, la revocación de mandato termina por dividir y polarizar a la sociedad, al tiempo que desestabiliza al sistema político. Una consulta revocatoria tiene como efecto partir a la opinión pública en dos grandes segmentos: los que están a favor y en contra del presidente. Así desaparece la gran variedad de posiciones intermedias.
Una vez que el proceso se activa, la sombra de la incertidumbre empieza a cubrirlo todo. Primero sobreviene la paralización de los trabajos legislativos, con un Congreso inmerso en las campañas por mantener o destituir al presidente de la República. Luego la gestión del gobierno sufre los efectos de un jefe del Ejecutivo metido de lleno en la campaña por conservar su cargo. La economía también resiente las consecuencias. La percepción de riesgo aumenta y los proyectos de inversión se detienen. La consulta revocatoria centra toda la atención en torno al presidente en turno. Esto tiende a inhibir la formación de liderazgos alternativos, justo cuando empiezan a surgir tanto en la oposición como en el partido gobernante de cara a las siguientes elecciones presidenciales. Por ello, sobrevivir a una consulta revocatoria suele abrir el camino a la re-elección del presidente.
Consejero electoral del INE
