66 diputados militares participaron en la redacción de la Constitución de 1917. Fueron los autores del contenido social más vanguardista de la Carta Magna. Impulsaron el derecho a la educación, a la libertad de imprenta, garantizaron el respeto a la persona y a la propiedad, a los derechos laborales y dieron protección al acusado.
Esos mismos militares promovieron hace 105 años fortalecer la división de poderes para poner un alto al abuso presidencialista e impedir que un caudillo atentara contra la libertad de los ciudadanos.
Hoy, sin embargo, el Ejército Mexicano acepta traicionar los principios fundamentales del texto constitucional. Acata la orden de colaborar en la violación a la ley más evidente y arbitraria que haya registrado la historia reciente. En la adscripción inconstitucional de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano.
Escuchamos con pena y vergüenza decir al secretario de la Defensa que: “las Fuerzas Armadas apoyan que la Guardia Nacional se consolide como una corporación civil bajo el mando operativo y administrativo del Ejército”.
El general Luis Cresencio Sandoval quedó bien con su jefe el Presidente, pero insultó la inteligencia de los soldados y mexicanos. Sabe bien que la Guardia Nacional lejos de “consolidarse como una corporación civil”, se militariza y lo hace a partir de un truco que violenta gravemente el Estado de derecho.
Preocupa que la institución que ha participado en la construcción de las instituciones libertarias más importantes del país, hoy acepte convertirse en colaboracionista de un gobierno autocrático que retuerce la Constitución para tener poderes absolutos.
La aprobación fast track de la reforma a la Ley Secundaria que da a la Secretaría de la Defensa el control total de la Guardia Nacional, representa uno de los golpes más arteros del gobierno obradorista a la Constitución y tristemente el Ejército acepta convalidar esa masacre a la ley.
La pregunta es: ¿En qué otras arbitrariedades las Fuerzas Armadas están dispuestas a acompañar a un Presidente que busca imponer su proyecto político sobre “bayonetas”?
¿Y cuantos otros más van a tratar de comprar impunidad contribuyendo a fortalecer a un régimen totalitario? Ahora los diputados del PRI proponen ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de 2024 a 2028 para calmar los ánimos de venganza de AMLO contra ese partido.
Hay militares y legisladores que optan por convertirse en cómplices asaltantes de la Constitución cuando más urge defenderla. Salir hoy a salvaguardar la Carta Magna no es un asunto de fe, de intelectualismo ingenuo, sino de democracia.
Significa poner un alto al avance de un régimen autoritario que trae —desde que llegó— un paquete de reformas para desmontar la Constitución del 17, obtener poderes especiales y “tomar el control” de todo. López Obrador quiere un texto constitucional que responda a su ideología, a sus intereses y se convierta en el catecismo de la 4T.
Por cierto, el Ejército Constitucionalista —padre de las actuales Fuerzas Armadas— nació para devolver al país la legalidad institucional que había perdido y que en la actualidad vuelve a estar en riesgo. Hoy, a la cabeza de ese cuerpo militar no está un Venustiano Carranza, sino un Victoriano Huerta que busca —como en ese entonces— acabar con la división de poderes y disolver la Constitución.
La otra diferencia es que ese Ejército de hace 105 años abrió la puerta a un país democrático y ahora acepta —por “disciplina”, miedo o conveniencia— que en el centro de la casa se siente un tirano.
Un tirano que, por cierto, trabaja para dividir y destruir el prestigio de la institución más respetada —por ahora— del país.