Por: Luis Pereda
El Estado mexicano tiene muchos problemas producto de su incapacidad para administrar eficaz y eficientemente los insuficientes recursos con los que cuenta. Esto se traduce en varias carencias para sus gobernados en áreas esenciales para el desarrollo humano, como salud, seguridad y educación. Pero, quizá el más significativo de los problemas del Estado Mexicano sea su incapacidad de proveer justicia a sus gobernados.
Para muestra bastan dos botones: Taxco y Celaya.
Taxco, ciudad donde hace un par de semanas se vio una muestra de lo que puede hacer una comunidad que se percibe (quizá con razón) abandonada por la autoridad, es un punto donde conviene centrar la atención para comenzar a discutir qué pasa en México.
Los atroces hechos conocidos alrededor de la muerte de la pequeña Camila configuran una tragedia que no debería pasar nunca; sin embargo, a esa tragedia no siguió la intervención del Estado para identificar y castigar a las personas responsables, por el contrario, lo que ocurrió fue una omisión total de las autoridades, misma que llevó a otra tragedia y a una evidente ausencia de justicia.
Las tardías declaraciones de las autoridades estatales y municipales rayan el lugar común y en la vacuidad. Frases como “todo el peso de la ley”, “caiga quien caiga” y “hasta las últimas consecuencias” ya ni siquiera pueden ser vistas como desgastadas muletillas de un discurso rutinario. Son crueles afiches que evidencian una ausencia tanto de capacidad de reacción institucional, como de un liderazgo en acción.
Cuando una turba sabe que no hay autoridad que le responda o la contenga, su reacción será violenta. En 2004, en Tláhuac, tres policías federales que investigaban actividades de narcomenudeo fueron linchados a manos de una muchedumbre furiosa que aseguraba que se trataba de robachicos y, por lo tanto, hicieron “justicia”. Es difícil saber qué es más aterrador, si la incapacidad del Estado para impartir justicia a sus gobernados o la errónea idea de que, ante dicha incapacidad, un linchamiento a manos de un tropel iracundo puede traer como resultado justicia.
La carencia de justicia en México no es aislada, es sistemática. La sangre de Gisela Gaytán en el pavimento de Celaya da cuenta de ello. Este municipio cobró notoriedad porque en sus calles, a plena luz del día, rodeada de personas, una candidata a presidenta municipal que iniciaba su campaña fue asesinada. Hoy todo el municipio sabe que el crimen organizado decide, a sangre y fuego, quién va a gobernar. ¿Puede haber justicia? Si los votantes acuden con miedo a las elecciones, el daño será irreparable.
Si el caso de Gisela Gaytán fuese el único en el país, bastaría para llamarlo una tragedia. Pero una decena de casos similar se suman a este, más los ocurridos durante las precampañas. Y el día de la elección todavía está lejano. ¿Cuántas boletas electorales serán marcadas por la sangre de quien ya no estará ahí para contar sus votos?
No puedo dejar de sentir una abrumadora angustia cuando veo campañas políticas insulsas, focalizadas en la irrelevancia y dejando pasar de largo la posibilidad de atender problemas profundos del Estado mexicano, como la incapacidad de impartir justicia a los trasgresores de la ley y a sus víctimas. ¿Nos sorprende que nuestros jóvenes no se interesen en la política? ¿Pero cómo podrían? ¿De verdad alguien de 18 años puede interesarse en un carísimo concurso de superficialidades que desoye el clamor más básico de miles de personas?
Decenas de actos de corrupción sin castigo, centenares de asaltos impunes, miles de personas desaparecidas. Esas son las cifras que deberían de importar, no el número de pendones colgados o el número de bardas pintadas.
Y otra vez, justicia puede parecer una palabra muy fuerte, pero como toda construcción duradera, se empieza desde abajo. Con cimientos sólidos. Se empieza desde los gobiernos municipales y las alcaldías, donde no se necesitan presupuestos multimillonarios para comenzar a marcar una diferencia. Donde organización, honestidad, vocación de servicio y coordinación con la sociedad pueden hacer maravillas.
Este proceso electoral es un gran momento para entender que, si el Estado pierde su capacidad de proveer justicia a sus gobernados, entonces habrá perdido mucha de su razón de existir.
PLuis Pereda Consejo Directivo de la BMA.
