Luis Pereda
Nadie con sentido común podría afirmar que el resultado de las recientes elecciones debe traer aparejada la inacción. Por el contrario, reformar para mejorar es el mandato de las urnas, y por eso la reforma al poder judicial es doblemente importante. Por un lado, significa un cambio mayúsculo al funcionamiento del Estado Mexicano y, por el otro, muestra el rumbo que seguirá la nueva titular del poder ejecutivo y su manera de hacer política.
Las alertas están ahí, la experiencia internacional también. La elección popular no es el camino para todo. ¿Quién en sus cinco sentidos elegiría al dentista que le extraerá la muela del juicio con base en lo bien que éste sale en las fotos o lo bonito que canta? Si la elección popular no sirve para elegir a nuestro dentista, ¿por qué sí serviría para escoger a nuestro juez?
Determinar la forma y fondo de un nuevo poder judicial es una tarea que, si se quiere hacer bien y por buenas razones, debe ejecutarse escuchando cuidadosamente a distintas voces: asociaciones de jueces y secretarios, universidades, barras de abogados, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entre otras. En pocas palabras, la presidenta electa debe darse el tiempo para tomar la mejor decisión posible con la mayor cantidad de información disponible. Apresurar lo contrario no será en beneficio ni del pueblo, ni de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En un escenario de transición de sexenio y de integración de un nuevo gabinete de gobierno, parece que la decisión de cómo diseñar la reforma al poder judicial no será técnica, sino política. ¿Estamos ante un juego de vencidas entre dos grupos en el poder donde la judicatura quedará en medio?
El tiempo de la contienda electoral ya terminó. Es tiempo de ser estadista. La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene todo para iniciar en octubre una gestión brillante, alejada de la improvisación o el revanchismo. México exige un sistema de procuración, impartición y administración de justicia que funcione con rapidez, transparencia y profesionalismo, y lograrlo comienza por algo mucho menos notorio que la Suprema Corte de Justicia: las procuradurías, ministerios públicos y tribunales estatales de justicia. ¿Qué parte del llamado plan “c” incluye capacitación, presupuesto y controles de confianza vinculados a indicadores eficiencia, transparencia y respeto a derechos humanos?
El país tiene una reforma penal desatendida, una reforma laboral en ciernes y una reforma en materia procesal civil y familiar inconclusa. ¿La discusión respecto la elección de jueces puede esperar al inicio de los trabajos del nuevo Congreso de la Unión, en octubre? Por supuesto que sí. Quien quiera hacer creer lo contrario, no piensa en México ni en el pueblo, piensa en sí mismo y sus intereses.
Si en octubre logramos construir un proceso de análisis y discusión cuyo resultado sea una reforma integral al sistema de justicia, empezando por la justicia cotidiana y los ministerios públicos, entonces México y su presidenta habrán aprovechado maravillosamente bien una oportunidad histórica de consenso y apoyo popular. Por el contrario, si el resultado es producto de un ajuste de cuentas, un juego suma cero por el poder o un simple desplante machista, México estará en serios problemas, por décadas.
Miembro del consejo directivo de la BMA.
