Por: Gustavo Santillana
En el debate y análisis públicos se encuentran las deficiencias y carencias del Sistema Nacional de Salud, así como las iniciativas de reformas constitucionales, remitidas por el ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el día 5 de febrero de este año. En ambos casos, las opiniones se polarizan, es por eso que quisiera centrar este texto en el proyecto de reforma al artículo 28 de la Constitución para la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el impacto que tendría en los servicios públicos de salud en México.
¿Cuál podría ser el vínculo entre la competencia económica y la prestación de servicios públicos de salud?, en consecuencia: ¿Podría afectar la eliminación de la COFECE, al derecho humano a la protección de la Salud?
Sabemos que una parte relevante del grupo iniciativas de reforma a la Constitución es la propuesta de eliminación de diversos Organismos Constitucionalmente Autónomos, incluyendo a la COFECE. Los argumentos que se esgrimen en la reforma son varios, dentro de los cuales se pueden mencionar la ya conocida “austeridad republicana”; evitar una supuesta duplicidad de funciones; eliminar organismos que han favorecido a importantes grupos económicos en perjuicio de la población, debilitando al ejecutivo federal y al gobierno.
Quisiera empezar por hablar brevemente del derecho de la competencia económica en México, su entrada en vigor y sobre todo la razón para su existencia. Como parte de la apertura comercial, en los años ochenta México estableció un nuevo régimen jurídico en diversa áreas; dentro de este marco, uno de los tópicos legales que se modificaron fue la profundización de la regulación respecto de la libre competencia y concurrencia en los mercados, con varios propósitos, entre otros: Facilitar la entrada y participación de empresas en diversos sectores, bajo reglas de libre competencia y concurrencia, así como proteger al consumidor de posibles prácticas comerciales abusivas.
Es así como en 1982 se promulgó una nueva ley, y se creó una Comisión como autoridad responsable (todavía no era un organismo constitucional autónomo). En el año 2013 se reformó la Constitución para bridar autonomía a una nueva autoridad: La COFECE, promulgándose una nueva ley con mayores facultades y fuertes sanciones que combatieran prácticas monopólicas en perjuicio de la economía y sus consumidores.
Dentro de las múltiples acciones que la COFECE ha tomado, se encuentran las enfocadas en la investigación y en su caso sanción de prácticas dentro de mercados relacionados con productos destinados a la protección de la salud (medicamentos y otros insumos para la salud de diversos tipos y características), en foros, estudios, investigaciones y resoluciones, la COFECE ha sido enfática en sostener que las prácticas ilegales que inhiben la competencia y la libre concurrencia, pueden afectar severamente a los sector de salud tanto público como privado, por lo que ha actuado investigando y sancionando a empresas y personas participantes en los mismos.
¿Cómo pudieran afectar tales prácticas al referido sector? Impidiendo la libre competencia en el mercado privado de distribución de productos para la salud, impactando el precio final al consumidor a través de la imposición de términos comerciales. También y de forma grave al sector público, cuando instituciones prestadoras de servicios de salud ejecutan procedimientos de adquisiciones de los referidos productos; encontrándose ahí un área para posibles colusiones (acuerdos ilegales entre competidores en tales procedimientos para intercambiar información y concertar posturas y precios), estas conductas están prohibidas en la ley, la cual establece severas sanciones en caso de que se incurra en ellas, estando también tipificadas como delito (se les define como prácticas monopólicas absolutas).
Nuestro país requiere de un organismo independiente, neutral y especializado para poder llevar a cabo los estudios, investigaciones e integración de expedientes que permitan sancionar conductas ilícitas en materia de competencia. Esto adquiere una dimensión especial cuando se trata de proteger recursos públicos destinados a proteger la salud de la población, satisfaciendo el derecho humano a la misma.
Nuestro Sistema Nacional de Salud, se encuentra en una fase compleja, que incluye desde su recomposición, hasta la falta de una inversión adecuada para contar con una infraestructura física y humana adecuadas para la prestación de servicios, incluyendo a las personas que no cuentan con recursos para atender sus padecimientos. Desde este punto de vista, no se entiende la razón para pretender eliminar a la COFECE, pareciera que tal iniciativa trata de regresar a nuestro país a la época en la que se carecía de una política de competencia económica.
En la iniciativa de reforma constitucional ya mencionada, se plantea que las facultades en materia de competencia económica pasen a la Secretaría de Economía (ya mermada presupuestalmente debido a la severa austeridad implantada en esta administración y sin especialización en competencia económica). No creo que la eliminación de la COFECE pueda traer algún beneficio para el sector público encargado de prestación de servicios de salud, por el contrario, pienso que, en la práctica, se dañaría al mismo, al debilitar severamente la independencia, neutralidad, especialización y capacidad para vigilar, investigar y en su caso sancionar colusiones en los procedimientos de adquisiciones públicas.
Me parece incorrecta la visión de un Organismo Constitucional Autónomo en materia de competencia económica como oneroso e incluso dañino para la sociedad, por el contrario, una COFECE sólida, permite contar con un organismo con facultades para proteger tanto al consumidor; como a las instituciones públicas de salud.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA.
