Por Luis Pereda
El 5 de febrero, con motivo del aniversario número 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República presentó 18 iniciativas para reformarla. 18 iniciativas de un plumazo. El número por sí mismo ya es sorprendente, pero que las haya presentado faltando menos de 10 meses para que termine su mandato y no durante los 5 años previos, lo es aún más.
Dicen que “en política, con frecuencia la forma es fondo”. Si esto es verdad, hay mucho que cuestionar del momento en fueron presentadas estas reformas constitucionales. ¿El presidente realmente busca que sus iniciativas sean aprobadas o en realidad solo busca influir en la dialéctica de las elecciones? Si es lo primero, va fracasando. Si es lo segundo, hasta ahora le ha salido bien.
Ahora bien, con independencia del momento en el que fueron presentadas, si se analiza el texto de estas 18 iniciativas desde una óptica federalista y republicana, algunas de las propuestas ahí contenidas rayan en lo inverosímil. A continuación un vistazo a cinco de ellas.
1. Que la Guardia Nacional se sume al Ejército. De prosperar esta propuesta, el artículo 21 constitucional se leería así: “La Federación cuenta con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional (…)”, en resumen: la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tenemos años escuchando desde Palacio Nacional que la Guardia Civil es una fuerza policiaca no militarizada, con un mando civil y que no pertenece al ejército. ¿La iniciativa del Presiente es una innecesaria confesión de que sí es el presidente más militarista del continente? O ¿Simplemente pretende hacerle creer al ejército que hay otra gran rebanada de pastel en la charola, buscando con ello su complicidad post-sexenio?
2. Que se amplíe la prisión preventiva oficiosa. La iniciativa del presidente en esta materia propone reformar el artículo 19 para introducir la obligación de las personas juzgadoras de ordenar la prisión preventiva oficiosa en los casos de producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, trasportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, y en los casos de delitos de extorsión, defraudación fiscal y compraventa de facturas.
¿Y qué hacemos con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, en la cual se afirma que la prisión preventiva oficiosa viola diversas obligaciones contenidas en la Convención Americana? ¿La ignoramos? ¿Y qué hacemos con nuestro saturado sistema penitenciario? ¿También lo ignoramos? Fue el Presidente de la República quien publicó en agosto de 2021, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se instruyó a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a realizar acciones para gestionar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos de personas en prisión preventiva. ¿Ahora se trata de lo contrario? ¿Ahora sí es buena idea privar de su libertad, sin juicio, a más personas? ¿O es que estamos en época electoral?
3. Que se prohíban los vapeadores. El Presidente propone que, para garantizar el derecho a la protección a la salud de las personas, queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos. ¿De verdad no hay ningún aprendizaje del monstruoso fracaso de la guerra contra las drogas? Pensar que la prohibición de vapeadores tendrá algún éxito es, en el mejor de los casos, ingenuo. Un argumento de realidad: El Estado Mexicano es incapaz de evitar que se vendan cigarros sueltos en cada esquina y en cada puesto de revistas de cualquier ciudad del país, lo cual está prohibido desde 2008 por la Ley General para el Control del Tabaco. ¿No es más sensato apostara por la educación, en lugar de la prohibición?
4. Que se cambie a todas las personas juzgadoras del país. Sí, el Presidente de una república democrática, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, propone sustituir a todas las personas juzgadoras del ámbito federal y de las 32 entidades federativas. No importa la materia, el desempeño, la experiencia, la productividad; el Presidente propone sustituir a todas y todos los jueces del país por personas electas popularmente.
¿De dónde saldrá el dinero para financiar las campañas de miles de personas candidatas a ser jueces, magistrados o ministros? El Presidente no lo resuelve, pero en su iniciativa prohíbe tanto el financiamiento público como el privado. ¿Pensará que la gente pondrá dinero de su bolsa para competir por un puesto de juez? ¿Se dará cuenta que esto genera la percepción de una tasa de retorno que no necesariamente será cubierta con el salario de ese futuro juez?
El único Presidente de la República que desde 1994 ha designado libremente a una ministra también propone que en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estará integrada por 9 personas que durarán en su cargo 2 sexenios, basten tan solo 6 votos para que sus razonamientos sean obligatorios para todas autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas.
5. Que desaparezcan los OCA. Bajo el estandarte de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, el Ejecutivo Federal propone regresar las atribuciones de la COFECE, el IFT, el INAI y el CONEVAL (así como de los órganos reguladores coordinados -la CRE y la CNH- ) a las dependencias que contaban con dichas facultades. También propone desaparecer un organismo descentralizado que el propio Presidente creó en mayo de 2019, la MEJOREDU. Esto último no es de sorprender en una administración empeñada en construir a base de ensayo y error. Recuérdese la sustitución del Seguro Popular por el INSABI y la posterior desaparición de éste y la creación del IMSS-BIENESTAR.
¿El presidente que le redujo el salario a los empleados de la Administración Pública Federal y los tiene precarizados, les va a dar más tareas con el mismo salario y espera que éstas se ejecuten con eficiencia y eficacia? ¿O en realidad no importa que esas tareas se hagan bien por la administración civil, porque siempre se le pueden reasignar al ejército, quien tampoco las hará bien, pero esa es otra historia?
De llevarse a la realidad estas iniciativas, ¿cómo sería el país resultante? ¿Habría más federalismo, más libertades, más eficacia, más justicia, más transparencia, más democracia o todo lo contrario? Me preocupa que para solucionar el problema de “un gobierno rico” con un “pueblo pobre” se opte por eliminar el “gobierno” y dejar tan solo un “pueblo pobre”. O en realidad nada de esto importa, porque esas iniciativas no están pensadas para un ejercicio parlamentario de análisis, discusión, negociación y aprobación, sino un ejercicio de reflector electoral.
En cualquier caso, mi constitución política no puede ser la diana de ocurrencias. Mi constitución, y la tuya, debe de ser un texto cuidado porque importa, porque en él se contienen los límites al poder político. Cuidemos que su contenido sea el resultado de acuerdos políticos serenos y decantados a la luz de debates plurales con reglas democráticas, porque nuestras libertades civiles y el derecho a un buen gobierno van en ello.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA.
