Luis Pereda

¿Qué pasaría si los gobernados deciden incumplir con sus obligaciones tributarias porque, en su opinión, éstas son excesivas, y además deciden que el SAT no tiene facultades para cobrarles y por lo tanto ellos van a determinar cuánto y cuándo hay que pagar impuestos? Una verdadera ruptura con el sistema jurídico y con ello una autentica amenaza para la subsistencia del Estado mismo, eso es lo que pasaría. Algo absolutamente indeseable.

Nuestro sistema jurídico, como cualquier otro, requiere un cumplimiento generalizado de las normas. Casi todo el tiempo, casi todas los gobernados deben de cumplir con casi todas las normas. Esto llevado a la vida cotidiana permite que el billete de 100 pesos con el que usted paga sea recibido por el tendero, y éste a su vez lo pueda usar para pagar la carne con la que alimentará a su familia y, al conducir de regreso a su casa, no encuentre que el tránsito es un galimatías porque todos conducen por el lado de la avenida que les da la gana y, por supuesto, que al llegar a su casa ésta siga siendo suya y no la de alguien más.

Para garantizar lo anterior, si los ciudadanos no cumplen voluntariamente con las normas jurídicas, el Estado tiene la atribución de hacérselas cumplir incluso con el uso de la fuerza, como por ejemplo con la imposición de multas, el embargo de bienes o con la pérdida de su libertad.

El postulado es muy sencillo: si las normas jurídicas no se cumplen de manera generalizada, el sistema jurídico (la herramienta que inventamos para proteger nuestros derechos) está en peligro. Si esto es tan claro para el ciudadano, ¿por qué no lo es para el gobierno? Cuando la titular del Ejecutivo Federal declara que su administración no cumplirá con las suspensiones dictadas en los juicios de amparo en contra de la reforma judicial, lo que está haciendo es romper con el sistema jurídico.

Que distintos servidores públicos afirmen que no van a acatar una suspensión de amparo es equivalente a que los gobernados decidan que no van a pagar impuestos. Si las decisiones de los jueces o la imposición de impuestos son contrarias a la norma, existen mecanismos dentro del propio sistema jurídico para combatirlas. Si el objeto, la tasa o la base de un impuesto no son del agrado del contribuyente, existe el recurso de revocación, el juicio de nulidad y el amparo. Todo dentro del sistema normativo.

De igual forma, si a la autoridad responsable no le parece correcta la determinación de suspensión dictada en un juicio de amparo en relación con la reforma judicial, ésta podría combatirla a través del recurso previsto en la propia ley de amparo. Lo que no debería de hacer es decidir por sí misma que no le gusta la suspensión y, por lo tanto, que no la va a acatar.

¿La Presidenta se dará cuenta de que con su acción abre la puerta a una serie de desobediencias y omisiones que, de realizarse, no ayudarán en nada al Estado de Derecho, ya de por sí bastante maltrecho? Cuando la titular del Ejecutivo Federal tomó protesta juró cumplir la Constitución, siempre, no solo cuando le parezca adecuado.

La desobediencia de la Presidenta sólo da lugar a dos suposiciones. a) No dimensiona con claridad el daño que le hace al Estado de Derecho al decidir cuáles resoluciones de jueces cumple y cuáles no. b) Sí dimensiona con claridad el daño que le hace al Estado de Derecho al decidir cuáles resoluciones de jueces cumple y cuáles no, y no le importa. En cualquier caso, es gravísimo lo que está pasando.

La democracia sólo funciona cuando es operada por demócratas. Saberse con todo el poder y decidir pasar por encima de la ley, no es una actitud propia de demócratas. Por el contrario, manda el mensaje de L'État, c'est moi. Así volvemos al gobierno de las personas (y no al de las leyes). Forma de gobernar que debió de haber quedo atrás hace siglos.

El IVA es del 16%, el ISR del 35%, el IEPS a los cigarros es del 160%, suficiente para que cualquier ciudadano inconforme con la calidad de los servicios públicos de electricidad, salud, seguridad pública o educación esté tentado a no pagarlos.

Miembro del consejo directivo de la BMA.

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