Por Gustavo Santillana

Un almacén con grandes dimensiones, personal capacitado, infraestructura, comunicaciones, conectividad y logística diseñados para poder recibir, clasificar, almacenar, empacar y, en su caso, hacer entrega de medicamentos a las personas que lo soliciten vía telefónica, contando con receta de una institución pública. Esta es la solución presentada para resolver el tema de abasto de medicamentos.

El nuevo centro de distribución inaugurado el 29 de diciembre de 2023, se denomina Mega Farmacia del Bienestar y conforme a la información disponible tiene una capacidad para almacenar 286 millones de piezas, y una inversión aproximada de 1,400 millones de pesos. Pudiera pensarse que la denominada “Megafarmacia”, finalmente pudiera poner fin al grave problema de la falta de disponibilidad de medicamentos. Con un análisis más profundo y detallado, no pareciera que su simple instalación pueda resolver tal tema.

El poder llegar en tiempo y forma a cada punto donde son necesarios medicamentos, requiere de un profundo conocimiento de las necesidades de cada institución,  planeación, estudios de mercado, conocimiento regulatorio respecto de las disposiciones en materia de protección a la salud, una ejecución avezada de los ordenamientos constitucionales y legales aplicables a las adquisiciones públicas y por último; una  infraestructura logística, todo ello partiendo de una política pública y presupuesto que tengan en el foco y prioridad la inversión en atención y protección de la salud.

Considero relevante revisar brevemente la razón por la cual se llegó a este punto; dónde, cuándo y por qué razón se ha recurrido a una estrategia veloz de adquisición de un inmueble enorme, su habilitación urgente como almacén de medicamentos (incluida la inversión en infraestructura física sofisticada, como cámaras frías y controles estrictos del manejo de medicamentos denominados controlados), y su inmediata puesta en operación, en tiempo récord. Pues bien, parece que se arribó aquí por una sola razón: El resto de las estrategias para la implementación de adquisiciones públicas y abasto de insumos para la salud no han funcionado en México.

Se han realizado fuertes críticas a la política y sistema de adquisiciones de medicamentos que por décadas funcionó en México; tal sistema federal operaba de la siguiente forma: 1.- Se licitaban (de forma consolidada), o bien adjudicaban directamente contratos para la adquisición de medicamentos. 2.- En su mayoría, participaban distribuidores de tales productos, apoyando los fabricantes, o sus representantes sus ofertas. 3.- El distribuidor que resultaba adjudicado, se encargaba de la venta de los insumos, incluyendo el proceso de logística para su entrega en el punto específico requerido por la institución pública de salud (es decir, su trasporte en condiciones adecuadas, planeación y entrega oportuna), tales roles y responsabilidades recaían en estas empresas, las que han sido severamente señaladas por cometer actos de corrupción.

Ahora serían directamente los fabricantes de medicamentos (titulares de las autorizaciones correspondientes), quienes participarían en los procedimientos de adquisición (ya no los distribuidores, señalados de corruptos), estas empresas no cuentan con la infraestructura para el trasporte y entrega de medicamentos en los puntos donde se requiere para la atención de la salud. El gobierno decidió que las entregas respectivas se realizaran en almacenes designados en el Valle de México, para que, a través de terceros (a su vez contratados por el gobierno), se ejecutara la entrega en los centros de salud alrededor del país.

De forma prácticamente paralela se implementó una reforma legal y estrategia creando al INSABI (Instituto Nacional para el Bienestar), para que éste “extrayendo” del ámbito legal nacional las adquisiciones públicas, éstas fueran implementadas por un organismo internacional: La Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (Una agencia de la ONU encargada de implementar compras y proyecto para diversas agencias de la ONU y países que la contraten).  Ambos mecanismos simplemente no funcionaron.

Como parte de esta “reconfiguración”, del sistema de abasto de medicamentos es que a finales de año 2023 surge la idea de crear un solo punto para la concentración de medicamentos: un “centro de distribución”, donde no solo se almacenarán, sino que se atienda a los pacientes que, ya contando con una prescripción médica, expedida por una institución pública de salud federal, no puedan encontrar en estos el medicamento. Es decir: la Megafarmacia será un operador logístico, que podrá implementar en un solo punto, la atención a un paciente haciéndoles la entrega directa de un medicamento que no tenga disponible el centro de salud donde atiende.

Tras cinco años, un nuevo intento de resolver un gravísimo problema que involucra el derecho humano al cuidado de la salud. Pareciera complicado que, con la instalación de un gran almacén, se solucione el abasto de medicamentos para la prestación de servicios públicos de salud. En mi opinión, el acceso y disponibilidad oportuna de medicamentos para la prestación de dichos servicios requeriría de un grupo de políticas públicas, acciones y estrategias de implementación que, hasta la fecha no han podido llegar a buen puerto. Es necesaria una profunda planeación de las necesidades anuales de medicamentos, a través de estudios de mercado profesionales para detectar necesidades y proveeduría.

La programación de un presupuesto público específicamente destinado a este rubro, que en verdad ponga a la salud de la población en el centro de atención de las políticas públicas y, en consecuencia, del Presupuesto de Egresos de la Federación. La implementación de adquisiciones públicas de forma eficaz y trasparente, bajo el amparo del estado de derecho; una logística de distribución que consiga colocar los medicamentos en los centros de atención médica que lo requieren en tiempo y forma, de lo contrario, se seguirá actuando de forma coyuntural a través de medidas prácticamente de emergencia para tratar de paliar un gravísimo problema social: El acceso oportuno de medicamentos.

Miembro del Consejo Directivo de la BMA.

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