Por: Gustavo Santillana
El día primero de mayo de este año, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México (“La Comisión”), publicó su informe respecto de los resultados de tal enfermedad en nuestro país. En él se deja de manifiesto no solo la catástrofe que trajo consigo la propagación del Virus SARS-CoV-2 y por ende la enfermedad Covid-19, sino también y de manera dramática, el conjunto de negligencias y errores que agravaron la situación en México. La idea de estas líneas es comentar respecto del contenido de dicho informe, así como expresar algunas ideas en relación con la forma en que nuestro país debería caminar en un futuro, para la reacción, acciones y políticas públicas ante la presencia y propagación de una enfermedad grave.
Sobra mencionar que para el mundo la propagación del Virus SARS-CoV-2 representó la peor calamidad sanitaria de por lo menos un siglo. Millones de pérdidas de vidas; sistemas de salud colapsados, consecuencias y efectos secundarios de la enfermedad; economías mermadas; cadenas productivas destruidas; un impacto severo a los sistemas educativos; incremento de enfermedades mentales y un largo etcétera.
Efectivamente, la aparición y propagación de la enfermedad dislocó al mundo, la forma de reaccionar ante a la emergencia fue diversa y en ocasiones caótica. No es posible medir los resultados y consecuencias con los mismos parámetros, es decir: Los diversos países, sus sistemas de salud y economías tuvieron diferentes formas y políticas para enfrentar a la pandemia, atendiendo a sus propias realidades y capacidades. Creo que en este contexto se deberían de revisar y analizar los resultados en cada región y sociedad. La intención y objetivos de la Comisión fueron darse a la tarea experta e interdisciplinaria de hacer una revisión y estudio del manejo y consecuencias de la enfermedad Covid-19 en México, expresando en su Prólogo lo siguiente: “Analizar y explicar con detalle el manejo de una crisis como ésta es el punto de partida para remediar y mejorar”.[1] Creo que el “remediar y mejorar”, requieren de una buena dosis de autocrítica, difícil de concebir en estos tiempos.
El Informe tiene una estructura científica que permite ubicar la reacción ante la pandemia desde diferentes ámbitos, es decir, profundiza detalladamente en cada ángulo de la emergencia, desde la situación de nuestro Sistema Nacional de Salud; revisando la reacción y gestión gubernamentales; la comunicación respecto de la pandemia; la vacunación; el marco jurídico; impacto en la educación; salud mental; finanzas y políticas públicas. Todo ello permite una revisión integral así como el impacto en nuestra sociedad.
Quisiera dedicar un breve espacio a la muy pobre y lenta reacción jurídica ante la propagación mundial del virus: Se contaba con información sólida epidemiológica internacional desde por lo menos finales de enero de 2020, incluyendo la declaración de emergencia de salud pública por la Organización Mundial ante la presencia de una pandemia a nivel global. No es sino a finales de marzo que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, a tropiezos, declaran jurídicamente la emergencia sanitaria. Antes de ello se negó categóricamente primero de existencia de una epidemia y luego se minimizó la peligrosidad del virus SARS-CoV-2 (Uno de los comentarios gubernamentales fue que el virus era “de bajo impacto”[2]). Pobre e irresponsable reacción. Posteriormente y a pesar de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, intencionalmente se invisibilizó al Consejo de Salubridad General, como un órgano Constitucional, el cual, no solo debía realizar la declaratoria de emergencia, sino también de participar e instrumentar las acciones necesarias, coadyuvando con la Secretaria de Salud ante la propagación del virus y la situación epidemiológica de emergencia.
El Informe analiza la precariedad del Sistema Nacional de Salud, ante su fragmentación y falta de inversión pública suficiente, trayendo consigo la insuficiente infraestructura y recursos humanos que pudieran atender la situación extraordinaria que se presentó. Los médicos y otros profesionales de la salud fueron maltratados, siendo los principales actores para atender la enfermedad, resultan inconcebibles las condiciones físicas en que se vieron forzados a enfrentar a la pandemia.
Por lo que respecta a la comunicación y gestión de la percepción, resulta evidente que las autoridades actuaron de forma confusa, tardía y en ocasiones irresponsable. El Informe explica con claridad la necesidad de crear e implementar manuales de riesgo, para generar confianza y credibilidad. En mi opinión desde el gobierno federal siempre se pretendió minimizar la severidad de la pandemia.
Tema central fue el sistema de vacunación, el cual fue no solo fue lento, sino centralizado y con decisiones unilaterales, es decir: Como en otras acciones gubernamentales, la vacunación fue fluyendo de forma tardía, con criterios opacos. Las vacunas disponibles fueron únicamente las que el gobierno federal adquirió y aplico, sin que existiera opción para las personas. Desde el punto de vista de regulación sanitaria, no existió un proceso claro y transparente para la aprobación de dichos insumos, nuevamente el “sistema” fue opaco y carente de regulación legal que diera certeza jurídica a la autorización y utilización de las vacunas.
Todo lo anterior acarreó un fuerte número de decesos que se pudieron evitar, si hubiera existido responsabilidad, planeación y empatía. El informe analiza adicionalmente los severos impactos en la economía, la educación y la salud mental.
Me parece que para todas las personas la lectura del Informe es importante; con información acuciosa y análisis científico muy sólido, es un instrumento de gran utilidad para que, a partir de lo sucedido, se aprendan lecciones, sí, dolorosas, pero indispensables para planear y reaccionar ante la presencia de una nueva pandemia.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA
[1] Marino Sánchez Talanquer y Jaime Sepúlveda (coords.), Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Civid-19 en México, Ciudad de México, 2024.
[2] El Informe en su Capítulo El Marco Jurídico durante la Pandemia, página 287
