Nos comentan que el Senado trabaja en una iniciativa de reforma fiscal que, entre otros puntos, incluya un impuesto progresivo que grave la acumulación de capital de los más ricos. La idea, nos dicen, es que el uno por ciento de la población, que son los más acaudalados, pague más impuestos para lograr la redistribución de la riqueza e ir cerrando paulatinamente la brecha entre ricos y pobres. La propuesta la impulsan Morena y sus aliados, y la intención, nos señalan, es que se concrete antes de que concluya esta legislatura. Ya se verá si esta iniciativa va en serio, o es uno más de los buscapiés legislativos que sueltan de cuando en cuando algunos legisladores morenistas.

¿Alguien detendrá el discurso de odio contra la presidenta de la Corte?

Primero fue un mensaje en redes con una amenaza clara de muerte de que la solución al problema que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, supuestamente representa a los proyectos del actual gobierno, era una bala. Después, una manifestante profesional que apoya al presidente, y a la autollamada Cuarta Transformación, acudió a la sede de la Corte donde portando una réplica de un fusil y gritó insultos a la ministra Piña. Ahora, durante la movilización del sábado, simpatizantes del gobierno quemaron una imagen de la presidenta de la Corte. ¿No sería momento de llamar a las fuerzas oficialistas a bajar el tono, antes de que se pierda el control?

Fuerzas Armadas a cuentas ante el Legislativo

Será el miércoles cuando en el Senado de la República se instale y comience a funcionar la Comisión Bicameral que revisará y supervisará la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Nos recuerdan que quien presidirá este órgano legislativo será el también presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aunque será rotatoria para otros grupos parlamentarios dado que el Ejército tiene plazo hasta el 2028 para permanecer en las calles realizando labores de seguridad pública. Como se lo adelantó EL UNIVERSAL desde el año pasado, una vez instalada dicha comisión, iniciará sus trabajos, entre los que destaca la solicitud de un informe sobre las tareas que realizan el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en coadyuvancia con las corporaciones policiacas para combatir a la delincuencia. También citará de inmediato a comparecer a los titulares de las dependencias del Gabinete de Seguridad. Nos hacen ver que hay temas de sobra en la agenda, en especial los que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, por lo que los legisladores esperan que las Fuerzas Armadas cumplan con el compromiso del Poder Ejecutivo, y acudan puntualmente a informar al Senado.

La trasparencia del gobierno en manos del Senado

La semana pasada le informamos que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), decidió interponer una controversia constitucional para que el Senado de la República nombre de nuevo a los dos comisionados cuya designación les vetó el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que el Inai sigue en espera de que le llegue la notificación oficial del Senado para interponer el recurso ante la Suprema Corte. Sin embargo, el reloj sigue corriendo hacia el 31 de marzo, cuando finaliza sus funciones el comisionado Francisco Javier Acuña y con lo que el órgano garante de la transparencia entraría en parálisis, pues solamente tendría a 4 de 7 comisionados, y no tendrían el quórum legal para sesionar. Los senadores, nos hacen ver, tendrían la solución en sus manos si en los próximos días designan, de entre los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones en el pasado proceso de selección, a los dos nuevos consejeros, y con ello garantizan el funcionamiento del órgano de transparencia, pero para ello, nos dicen, tendría que haber voluntad política. ¿La habrá?