Los hasta hace poco buenos amigos, y los grandes enemigos del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, están listos para un pleito legal que revierta su expulsión del partido blanquiazul. Sus defensores señalan que la expulsión de un partido político no procede cuando el motivo fue el voto que emitió un legislador en el Congreso de la Unión. Cercanos a los Yunes señalan que la Constitución establece un blindaje para la libertad de expresión y de voto de los legisladores, conocida como fuero. Aseguran que incluso existe un antecedente importante y muy mediático, el de la entonces diputada panista Nora Jessica Lagunes, que fue expulsada por votar a favor de la llamada Ley Nahle, reforma que sirvió para quitar un candado en la Constitución de Veracruz para permitir a los no nacidos en el estado ser gobernadores. Aquella diputada, unos meses después ganó el juicio que interpuso en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y se le restablecieron sus derechos blanquiazules y su expulsión no procedió. ¿Será que los Yunes quieran quedarse en un partido donde todos los acusan de traidores?
No le salgan a “Alito” con que la ley es la ley
Nos comentan que la decisión del Instituto Nacional Electoral de no validar la reforma a los estatutos del PRI, que abrió la puerta a la reelección de Alejandro Moreno como presidente del partido, no le quita el sueño al dirigente tricolor. Según su equipo cercano, este escenario estaba en los cálculos del líder priista, por lo que ha cabildeado con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunas de esas personas muy cercanas a él, para lograr su permanencia en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Incluso, en caso de que las amistades le fallen y que el Tribunal fallara en su contra, los allegados a “Alito” Moreno se jactan de que “perdiendo ganarían”, ya que lo peor que puede ocurrir es que se ordene la reposición del proceso interno, lo que en los hechos sería validar la reelección, pues el líder tricolor tiene el control de todos los órganos partidistas, por lo que una nueva Asamblea volvería a cambiar los estatutos para eternizarlo en la presidencia del partido, sin posibilidades de volver a ser impugnado. Así que no le salgan a “Alito” con que la le ley es la ley.
¿Qué hay detrás de la prisa por aprobar e implementar de la reforma judicial?
No habían pasado ni 48 horas de que se aprobó la reforma judicial en el Congreso de la Unión y en 21 Congresos estatales, cuando la secretaria de Gobernación saliente, Luisa María Alcalde, empezó a cabildear y operar esta modificación constitucional, nos aseguran. El jueves pasado, nos comentan, la secretaria Alcalde se reunió con los presidentes de los tribunales estatales para tocar el tema reforma. Luego de una votación rápida de la reforma, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, y de un maratónico recorrido por los congresos locales para poder ser ratificada y dejarla lista para ser promulgada por el Ejecutivo, hay quienes se preguntan ¿qué hay detrás de la gran prisa de la actual administración por dejar amarrado el avance de la reforma? ¿Será que no confían en algunos de los funcionarios que vienen?
La esperanza de los autónomos
Nos dicen que los órganos autónomos que Morena pretende desaparecer vía una reforma constitucional aún tienen encendida la llama de la esperanza. El mes pasado, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, declaró que esa reforma no era urgente, a diferencia de la del Poder Judicial que se avaló en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en los congresos locales. Faltan dos semanas para que cambie la administración federal y las reformas que ya están programadas para su discusión y aprobación son la del traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y otra en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Será que a los autónomos les alcanzará el tiempo para terminar el gobierno de AMLO y convencer a la nueva titular del ejecutivo para seguir con vida?