Read in English
La credibilidad de la autollamada 4T está en las manos de una mujer. Se trata, nos hacen ver, de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Nos explican que de la funcionaria dependerá diferenciarse de la administración de Enrique Peña Nieto, donde la Secretaría de la Función Pública (SFP) sirvió como tapadera. En la pasada administración, el tristemente célebre Virgilio Andrade llegó a la SFP con la misión de investigar presuntos actos de corrupción y conflictos de interés tanto de su jefe, el presidente Peña, como del entonces poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien incluso llamaban “Vicegaray”, pues aseguraban que tenía funciones de vicepresidente. Andrade exoneró a los dos. Ahora, en su primera prueba, doña Irma Eréndira exoneró al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ante señalamientos conflicto de intereses y presuntas irregularidades en su patrimonio. Ahora, investiga a León Bartlett, hijo de don Manuel, quien ha recibido millonarios contratos por adjudicación directa en la actual administración. La cuenta va Andrade 2, Sandoval 1. ¿Empatará el marcador la funcionaria de la 4T? Se aceptan apuestas.
Nos indican que la celebración de la sesión de mañana miércoles de la Comisión Permanente del Congreso se tambalea. Explican que, dado que ayer su pusieron en marcha el Plan Marina y el Plan DN-III, algunas bancadas consideran que no es conveniente que legisladores se trasladen desde sus estados hacia la capital del país para asistir a la sesión. Añaden que el miércoles es justo el día que el gobierno federal había previsto como el inicio del pico en los contagios. En el caso de la bancada del PAN en el Senado, que coordina Mauricio Kuri, nos dicen que analizan las posibilidades que otorga la ley para, en su caso, celebrar la sesión a distancia. Pero por lo pronto, han instruido a sus legisladores que tomen sus previsiones y que no preparen viajes a la Ciudad de México que los pongan en riesgo.
Desde su confinamiento, en el que lidia con la enfermedad de Covid-19, el procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, envía una respuesta a la interrogante que en días pasados se lanzó desde este espacio, acerca del lugar en el que algunos funcionarios públicos y sus familias se han realizado sus pruebas para saber si están contagiados por el coronavirus. La pregunta surgió luego de que se conoció que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, derechohabiente del ISSSTE, y su familia, acudieron a hacerse la prueba al Hospital de Nutrición, uno de los más modernos y avanzados en el servicio público del país, y que está destinado a ciudadanos que no son derechohabientes de algún servicio de seguridad social. Sin embargo, en el caso del procurador Sheffield, nos dicen, él se realizó la prueba en el laboratorio privado Olarte y Akle, y que, desde luego, el costo de la misma salió de su bolsa. Bien por don Ricardo, que no utilizó su alto puesto en el gobierno federal para obtener un privilegio.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pondrá fin al enredo que se generó en Baja California acerca de si el gobernador Jaime Bonilla gobernará por dos o por cinco años el estado. Ayer el ministro Fernando Franco González Salas circuló su proyecto de sentencia en el que propone declarar inconstitucional la llamada Ley Bonilla, que contempla que el mandato de gobierno es de cinco años. Es decir, propone que don Jaime solo esté dos años en el cargo. Ahora solo falta ver si el proyecto del ministro consigue la mayoría de los votos en el pleno, integrado por 11 ministros.
**En la imagen Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Foto: Archivo El Universal