Ayer por la noche muchas y muchos celebraron la decisión de la Comisión de Honor de Morena de retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio , luego de que se acumularon varias denuncias de mujeres que aseguran haber sido agredidas sexualmente por el político. Es un logro del movimiento en el que participaron mujeres dentro y fuera de ese partido. Sin embargo, nos dicen, llama la atención que el órgano partidista fue muy cuidadoso en los términos, pues consideró “infudados” dos reclamos: uno, que hubiera en el actuar de Salgado violencia política de género y, dos, que el senador con licencia fuera un personaje con ganada “mala fama”. Es decir, Morena sigue sin reconocer, con todas sus letras, las acusaciones en contra de su encumbrado aspirante. Sólo hay dos posibilidades: la reposición de la encuesta de designación de candidatura es atole con el dedo y al final Félix Salgado será designado de nuevo; o, el partido se quiere quitar de encima el escándalo pero, al viejo estilo priista, lo harán sin afectar el honor de su acusado, como diciendo: le quitamos la candidatura, pero todavía lo queremos. Cualquiera de las dos opciones manda el mismo mensaje: desprecio a las mujeres.
Si algo no hace falta en el gobierno federal es imaginación para negarse a responder las solicitudes de información que los ciudadanos le hacen por la Plataforma Nacional de Transparencia. Nos cuentan que un nuevo método de las dependencias para evitar la rendición de cuentas es usar como pretexto la suspensión de los plazos y términos legales por el Covid-19. ¿Qué significa esto en español? Básicamente que los asuntos administrativos no están siendo atendidos, por ejemplo, porque supuestamente no hay suficiente gente trabajando en la oficina para evitar contagios. El Inai identificó esta situación en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero nos dicen que esta misma fórmula ya es utilizada por otras instituciones federales e incluso estatales. ¡Así de transparente la 4T!
Eso sí, el gobierno que simula ser transparente señala la paja en el ojo ajeno: ayer, en su conferencia diaria, Andrés Manuel López Obrador presentó un video acerca de la forma en que medios de comunicación, tanto impresos, digitales y de televisión cubrieron el tema de la presentación de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Además de que acusó a los medios de ser “una vergüenza”, de “estar echada a perder” y demás calificativos, lo que llamó la atención fue la cantidad de horas que tuvieron que dedicar los trabajadores del área de Comunicación Social para editar este video de cinco minutos que lejos de ofrecer información útil a la población en tiempos de pandemia, solo ayuda a incrementar la estigmatización en uno de los países con más periodistas asesinados en el mundo.
Nos cuentan que si de por sí está difícil para el PAN el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la Cámara de Diputados, por la mayoría que tiene Morena, PT y PES en la definición de su desafuero; el partido azul tiene otro escollo: Acción Nacional no tiene a ningún integrante en la Sección Instructora. Este órgano legislativo, dominado también por Morena y PT, y presidido por Pablo Gómez, será donde se radique la solicitud de desafuero y se elabore el dictamen para determinar si ha lugar o no en el desafuero del mandatario tamaulipeco. El PAN quedó relegado y excluido de este órgano legislativo el pasado 28 de noviembre del 2019, cuando hubo cambio de integrantes.