En días pasados, nos comentan, previo a la reunión diaria del gabinete de seguridad, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador un amplio expediente con detalles para intentar llevar a un proceso penal al exsecretario de Gobernación y actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos dicen que la propuesta fue rotundamente desaprobada por el presidente. Nos aseguran que el mandatario dijo que esa acción en contra del coordinador de la bancada del PRI podría generar más problemas que satisfacciones para el actual gobierno, y que generaría complicaciones el resto del sexenio. Dentro del gabinete aseguran que algo en la propuesta de ir contra Osorio no le cuadró al Presidente, por lo que la ofensiva, nos comentan, quedó desactivada.
Luego de que ayer inició lo que podría ser considerada la segunda temporada de la serie videoescándalos, nos hacen ver que se comprueba que en política no hay coincidencias, ni perdón ni olvido. Nos recuerdan que uno de los personajes señalados por Andrés Manuel López Obrador como responsables de los videoescándalos de marzo de 2004, donde se ve al empresario Carlos Ahumada entregar fajos de dinero en efectivo a René Bejarano, fue Diego Fernández de Cevallos, prominente panista originario de Querétaro. Explican que los videos difundidos ayer en redes sociales tienen un impacto político directo al PAN y al panismo queretano que encabeza el gobernador Francisco Domínguez. ¿Coincidencia?
Muy rápido, ayer, la Fiscalía General de la República se desmarcó de una posible filtración del video en el que aparecen dos exfuncionarios del Senado recibiendo y contando torres de dinero en efectivo, presumiblemente para el pago de sobornos a legisladores para que apoyaran las llamadas reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. El video, presuntamente ligado al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien acusó al expresidente y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado recibir sobornos de la compañía Odebretch para utilizarlos en el pago de asesores en la campaña presidencial de 2012 y para corromper legisladores. La FGR de inmediato dijo que el video no forma parte de las pruebas que entregó Lozoya, por lo que de esa dependencia no salió. La duda es ¿quién está administrando los videos de Lozoya?