Por Daniel González Escobar y Armando Rosales García
El derecho a la vivienda para todas las personas, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, es una condición necesaria para el cumplimiento de otros derechos y no debe entenderse únicamente como la provisión de cuatro paredes y un techo. Habitar en una vivienda adecuada y con certeza jurídica, construida con sistemas que aprovechen racionalmente los elementos naturales y materiales de su entorno, permite también a la población el acceso a servicios urbanos básicos, los cuales deben cumplir con parámetros de calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
La política de vivienda en México cambió radicalmente a partir de 2019 con la llegada del actual gobierno. Se estableció como principio fundamental concebir a la vivienda como un derecho y no una mercancía, tomando como eje rector el concepto de Vivienda Adecuada de la Organización de Naciones Unidas, el cual incorpora las siguientes dimensiones: certeza jurídica, la ubicación y adecuación cultural, entre otros. Así mismo, se reconoció que la principal forma de producción de la vivienda en el país ha sido la autoproducción, lo que obliga al Estado a ofrecer acompañamiento técnico a las familias para garantizar la habitabilidad y seguridad estructural de sus viviendas.
Con el objetivo de reducir el rezago habitacional, los subsidios otorgados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) se dirigieron hacia las entidades del país con mayor concentración de rezago. En términos generales, los organismos de seguridad social del Estado y la banca de desarrollo gubernamental -el INFONAVIT, FOVISSTE, y Sociedad Hipotecaria Federal- realizaron diversos ajustes institucionales para reducir la presión de pago a los derechohabientes, y crearon nuevas herramientas crediticias. Todos estos ajustes, coherentes con el diagnóstico realizado en 2018, permitieron un avance en los indicadores oficiales: la carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo, entre 2018 y 2020, del 11 al 9.3 por ciento.
Sin embargo, y en este contexto, desde la sociedad, la academia, y la industria de la vivienda, es necesario realizar un análisis a detalle de los resultados de las políticas habitacionales de los últimos sexenios y de los cambios realizados por el gobierno actual, con la necesidad imperiosa de fortalecer las distintas formas de producción de vivienda, lo cual será clave en el desarrollo y crecimiento económico de México hacia el futuro.
Para el próximo gobierno, por lo tanto, deberá ser una prioridad garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, teniendo de entre los pendientes, oportunidades, y retos, los siguientes:
- Acordar una Política Nacional de Vivienda 2024-2030 con todos los sectores y la industria, y en especial los diferentes niveles de gobierno. Se deberán generar esquemas de aportación coordinados y complementarios a los subsidios federales de parte de los estados y municipios, para que los programas de vivienda tengan un mayor alcance. Esto deberá tener una orientación de cumplimiento hacia las autoridades locales.
- Generar mecanismos de asistencia técnica universal: es una realidad que la autoproducción de vivienda continuará, no obstante, se deberán buscar mecanismos que permitan implementar técnicas de construcción adecuadas y sostenibles.
- Fortalecer los instrumentos de planeación territorial, y promover mecanismos que garanticen su aplicación, para evitar que la población se asiente en zonas irregulares, en condiciones de riesgo o no aptas para la vivienda. No basta tener programas de ordenamiento territorial, estos deben de ser operativos, lo suficientemente claros, y con sustento jurídico.
- Diseñar mecanismos innovadores de gestión del suelo que permitan incidir en el mercado, buscando la disminución de su precio. Sin suelo barato, la vivienda asequible no es viable.
- Implementación de esquemas de acceso a la vivienda diferentes a la adquisición y promover la vivienda en renta.
- Participación del Estado con el objetivo de promover prácticas más equitativas y justas.
- Nuevos esquemas de crédito con menores cargas de pago para la población, así como productos pensados para la población no derechohabiente.
- Programas basados en la cooperación del Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno, con la iniciativa privada: si participa un mayor número de actores los alcances serán mayores.
Los avances y aprendizajes históricos en materia de vivienda han sido significativos, no obstante, quedan grandes retos para los cuales necesitamos ser sumamente creativos, sin excluir a nadie, a ningún sector, y sin dejar a nadie atrás.
