Viviendo en las grandes ciudades del país damos por hecho toda la infraestructura de comunicación que nos rodea como la pavimentación de calles y antenas celulares; sin embargo, hoy en día, se tiene en completo abandono las localidades rurales del país. La falta inversión la justificamos argumentando que en las ciudades resulta económicamente viable por el número de usuarios potenciales en comparación con las localidades rurales dada su baja población. Sin embargo, este argumento solamente es válido si nos limitamos a pensar que el uso que le dará cada usuario a la infraestructura es igual. Los usuarios de toda infraestructura, incluyendo comunicaciones son diferente de acuerdo con su perfil y actividad económica. Por ejemplo, los beneficios derivados del uso de las carreteras federales por una empresa de fletes son distintos en tipo y en escala que aquellos obtenidos por un peatón. En este sentido, argumentos basados en población beneficiada o número de usuarios desincentiva la inversión en infraestructura rural sin tomar en cuenta el impacto social y el impacto económico que pueden tener estas inversiones al considerar los efectos multiplicadores que su potencial uso puede tener sobre una población menor.
En este sentido, el gobierno federal ha mostrado un ímpetu laudable en la inversión de telecomunicaciones rurales mediante iniciativas como la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y la expansión de la red de radios
comunitarias que apoyan la integración social de poblaciones rurales muchas veces marginadas. Sin embargo, con respecto al desarrollo de caminos rurales, podemos ver oportunidades desaprovechadas, tal es el caso de la enorme falta de recursos para el Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores y la cancelación del Programa de Empleo Temporal, ambos de la SCT. Esta perdida efectiva de dos programas, bastante populares entre las poblaciones rurales, representa un retroceso en la política de desarrollo de infraestructura de comunicaciones del país ya que, desde su diseño, ambos reconocen el valor multifacético de los caminos rurales, incluyendo el movimiento de bienes y personas, accesibilidad para sacar cosechas reduciendo el costo de los alimentos básicos del consumidor, comunicación de localidades aisladas permitiendo generar comunidades de apoyo y gobernanza local, para atraer turistas que permite diversificar la economía rural, y para hacer valer los derechos humanos mediante el acceso físico a instalaciones de educación y salud.
Más allá de eso, el verdadero valor de estos dos programas es su potencial para generar un círculo virtuoso de desarrollo que resulte en mejorar el bienestar de las comunidades rurales mediante su aplicación conjunta, permitiendo así, no solo inyectar fondos para proyectos específicos y de alcance definido, con impactos directos y medibles utilizando una perspectiva de desarrollo social mediante el empleo de los vecinos (los usuarios finales) en la construcción de caminos a estándares federales (Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores) sino también mediante la organización y el pago a los vecinos para mantenimiento del camino (Programa de Empleo Temporal). Este modelo asegura además del empleo digno en zonas rurales, la participación de la comunidad durante la totalidad de su ciclo de vida generando una coparticipación con el estado. El modelo también permite reconocer los ciclos de la vida rural al inyectar recursos en comunidades previo a la temporada de cosecha, asegurando que los campesinos no comprometan el precio de venta de sus cosechas, obteniendo también beneficios en los costos para mover sus productos.
El impacto de la inversión en los caminos rurales no solamente debe medirse en el número de usuarios, sino en el efecto multiplicador que la inversión genera para sus usuarios. Por lo tanto, la desinversión del Gobierno Federal en estos dos programas es una oportunidad desperdiciada justo cuando se empujan otros programas de desarrollo rural como Sembrando Vida o Crédito Ganadero a la Palabra, los cuales tendrían mayor efectividad si se invirtiera en caminos rurales de calidad.
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