Juan L. Kaye López
En la Constitución Política, en el Art. 4° está establecido que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, también establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”.
En la práctica, ni gozamos de un medio ambiente sano y la vivienda de una inmensa mayoría de los mexicanos ni es ni digna ni decorosa.
Muchos grupos de activistas urbanos pertenecientes a pueblos y barrios originarios en la CDMX llevan años impulsando esa misión del “Derecho a la ciudad”, no en lo individual si no como algo colectivo, que permita a todos los que en ella habitamos, trabajo, movilidad, acceso en forma equitativa e incluyente a los servicios, recursos y oportunidades que la ciudad debe ofrecer.
Una de las acciones indispensables que debe acometer la autoridad en cumplimiento de lo que mandata en este caso la Constitución de la CDMX es llevar a cabo planes y programas de carácter especial que den pie a acciones concretas para abatir la desigualdad, la marginación, la exclusión y la discriminación.
Pero en el caso de la CdMx, a 4 años de iniciado el gobierno, las constantes transgresiones a la Ley (Constitución Política de la CDMX) han traído nefastas consecuencias al proceso de planeación que debió haber sido concluido por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, órgano con autonomía técnica y de gestión del Gobierno de la Ciudad.
Así hoy, tenemos: Un Instituto acéfalo, una ciudad sin plan y sin programa de ordenamiento.
Lo que está sucediendo en la materia es sumamente riesgoso para la Ciudad pues en los hechos se ha demostrado una terrible incompetencia en la gestión urbana.
El 7 de marzo la JUCOPO del Congreso local, aprueba un punto de acuerdo para solicitar al comité de selección de la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva iniciar el proceso para seleccionar una nueva terna para enviarla al poder legislativo para nombrar un nuevo titular del organismo que debe estar al frente por 5 años en el cargo y de forma irrenunciable.
El secretario de Gobierno Martí Batres declaró nulos: El Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial que el Instituto sometió a consulta pública. Debido a que la consulta derivó en innumerables críticas que provocaron enormes manifestaciones de malestar entre los habitantes de barrios y pueblos originarios principalmente en Xochimilco y Milpa Alta. El tema: el suelo de conservación y la propiedad social de la tierra.
Organizaciones civiles, gremiales, profesionales y académicas hicieron severas críticas a la inoperancia de las propuestas.
Un largo proceso que inicio en los años 2019 y 2020 con la sesgada designación del Titular del Instituto, quien recientemente presentó su renuncia, y concluyó con la cancelación del proceso de consulta y la decisión de que todo se rehaga, desde designar al nuevo titular hasta formular los nuevos planes de desarrollo y programa general de Ordenamiento Territorial (obviamente nada de esto sucederá durante la presente gestión del gobierno de la ciudad).
Se considera como un gran fracaso para la Ciudad y sus habitantes, porque deja a la ciudad “al garete” en términos de visión de futuro y de atención a derechos urbanos fundamentales, derecho a:
Así, una lucha que inicio en el año 2007 el “Movimiento Urbano Popular” para elaborar una carta de la Ciudad de México: por el derecho a la Ciudad, definido este como el :Usufructo equitativo de esta dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social y que dio origen a crear en el marco de la Constitución de la CDMX, el Instituto referido, que por una deficiente gestión vuelve a dejar a esta enorme población de la Capital de la Republica sin una visión de futuro, sin instrumentos para promover acciones ni en lo espacial ni en lo social, que permitan visualizar un horizonte viable y sostenible para esta enorme ciudad capital.
Es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas AC