Desde los años cuarenta, las desigualdades regionales fueron abordadas por los gobiernos en México, mediante políticas de atención a regiones específicas, a través de distintos conceptos e instrumentos como el aprovechamiento de cuencas hidrológicas.
En la década de los sesenta, los desequilibrios regionales fueron caracterizados más por un aspecto inherente al proceso mismo de desarrollo y no a un fenómeno de transición de un estadio de subdesarrollo a otro de desarrollo, en la misma década, en tiempos del Presidente Luis Echeverría, se aborda el tema del desarrollo regional desde la Secretaría de la Presidencia, creando en todas las entidades federativas del país los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo y la estrategia regional de desarrollo, basada en la coordinación territorial de diversas políticas públicas sectoriales federales.
En el sexenio del Presidente José López Portillo, y la pronunciada llegada de los economistas a la cúpula del poder, el concepto de planeación regional de desarrollo se desarticuló y sus elementos constitutivos de fraccionaron en diversas dependencias del Gobierno Federal:
La Presidencia de la República instrumentaba los programas intersectoriales de desarrollo. La planeación territorial o espacial se ubicó en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), y la planeación regional e integral se abordó desde la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).
Posteriormente en la administración del Lic. Miguel de la Madrid, se desmantelaron aquellos instrumentos que fueron inviables en su operación debido a la crisis del 82 y al profundizarse la crisis económica en el 85.
Con Salinas de Gortari, las instituciones subsistentes encargadas de la planeación regional fueron desmanteladas por completo. Desaparece la SPP y la responsabilidad de elaborar los programas regionales de desarrollo recaen en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), renombrada posteriormente como Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Durante la administración del economista Ernesto Zedillo la planeación urbana-territorial quedó en manos de la Secretaría de Hacienda, lo mismo sucedió en las administraciones panistas donde podríamos únicamente destacar el impulso a la vivienda, donde para los políticos era mucho mas relevante incrementar el numero de créditos de vivienda social, que su adecuada ubicación e infraestructura para cientos de miles de familias.
Posteriormente, en 2013, con el presidente Peña Nieto, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creando así la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la finalidad de integrar la gestión territorial en sus ámbitos rural y urbano.
Se creó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y los Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur Sureste, asimismo, se establece, la Regionalización Funcional de México, basada en los Sistemas Urbano-Rurales y los Centros Integradores de Servicios Básicos (Cisbas).
Sin embargo, la situación que impera actualmente en nuestro país es preocupante ya que nuevamente nos volvemos a reinventar, esta vez sin ningún plan, ruta, rumbo o meta para el desarrollo integral de las regiones. Los programas sectoriales se diseñan de forma aislada, y consecuentemente, éstos no alcanzan un mejor impacto en la población al estar desarticulados, en tiempo y espacio.
Asimismo, cada institución, organismo o dependencia federal, transfiere recursos a los estados y municipios bajo reglas de operación propias, dificultando aún más la articulación de acciones y recursos en el ámbito local o regional.
De cara al 2024, los políticos, plataformas o movimientos, deben incorporar en sus programas de trabajo la Planeación Urbana y Regional, considerando de forma muy seria elaborar las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para hacer obligatoria la coordinación de programas y acciones sectoriales.
Considerar además la creación del Instituto Nacional de Planeación Territorial, que trascienda a las administraciones sexenales y que parte de sus atribuciones sea la de establecer políticas públicas, lineamientos y requerimientos para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Regionales de Desarrollo, la coordinación de los programas de las distintas Secretarías, así como la evaluación y certificación de los proyectos de infraestructura y equipamiento regional.
Vale la pena reconsiderar la regionalización funcional desarrollada en la pasada administración para dar paso a la instrumentación necesaria y adecuada hacia la verdadera reducción de rezagos en sus diferentes formas.
Un país sin planeación de largo plazo, de lo que sucederá y cómo sucederá en su territorio, está condenado a reinventarse cada 6 años, empezar de cero una y otra vez.
Debemos reconocer que todo, absolutamente todo, sucede en el territorio, educación, migración, acceso a la salud, vivienda, equidad de género, disponibilidad de tecnologías de información, desarrollo económico, seguridad, ...
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