La cancelación por parte del Gobierno de la Ciudad de México de las reuniones vecinales del 3 de diciembre de 2022 para recabar opiniones y propuestas del PGD y PGOT en las Alcaldías de Milpa Alta y Xochimilco, derivado del conflicto suscitado en San Gregorio Atlapulco, es el punto de partida para la presentación de dos iniciativas de reforma ante el Congreso de la Ciudad de México por parte de la
Jefatura de Gobierno, la primera para modificar la fecha de entrada en vigor de ambos instrumentos de planeación, y la segunda encaminada a
reclasificar el suelo de la Ciudad como urbano y de conservación eliminando el término rural. Está conjunción de factores trajo consigo que el pasado 22 de febrero el director general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México presentara ante el Congreso de la CDMX su renuncia de manera irrevocable al frente de dicho instituto.
Tal como lo reconoce el Acuerdo de la JUCOPO del Congreso de la CDMX por el que se solicita al Comité de Selección de la persona titular del IPDP para que inicie el proceso de selección de la terna para ocupar el cargo de Directora General de ese instituto, se vive una situación inédita en materia de planeación del desarrollo,
por lo que es preciso que las autoridades responsables del proceso, (Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México), reconozcan primeramente que el proceso de consulta indígena implementado no fue el adecuado por lo que se deben de replantear diversos aspectos que permitan que en los próximos meses nuestra Ciudad cuente con ambos instrumentos de planeación.
Para lograr lo anterior desde la AMU proponemos lo siguiente:
¿A quién se debe consultar?
A los 132 Pueblos y 58 Barrios Originarios que el entonces Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México reconoció en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 9 de agosto de 2011 a través de la aprobación del Padrón de Pueblos y Barrios Originarios, este padrón fue retomado en las
Reglas de Operación del Programa General de Preservación y Desarrollo de las Culturas y Tradiciones de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, de manera adicional dicho padrón fue utilizado por el Constituyente de la Ciudad de México y por el IECM, tal como lo reconoce el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada I,18º.A.67 A(
10a .), la falta de este reconocimiento por las actuales autoridades transgrede el principio de progresividad en materia de derechos humanos previsto en el art. 1 de nuestra Carta Magna.
¿Cuándo se debe consultar?
El proceso para la designación de la persona titular del IPDP y la iniciativa de reforma al artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Gobierno de la Ciudad el pasado 2 de febrero, han traído consigo que la fecha propuesta para la entrada en vigor del PGD como del PGOT (1 de octubre de 2023), prevista en la iniciativa de reforma a los artículos transitorios Décimo Quinto y Octavo de los Decretos por el que se expidieron la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo respectivamente ha quedado rebasada.
De conformidad con las fracciones III y IV del artículo 332 del Reglamento del Congreso de la CDMX al tratarse de una reforma constitucional, está debe ser votada por el pleno entre el 1 de septiembre y 15 de diciembre de 2023, previamente tendrá que ser sometida a consulta con los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, por ser un tema que versa sobre el territorio de estos últimos. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México tienen la responsabilidad de formular de manera conjunta con los sujetos de derecho el Protocolo de Consulta que garantice un diálogo intercultural con los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México reconocidos desde agosto de 2011, lo anterior permitirá sentar las bases del nuevo proceso de consulta indígena del PGD y el PGOT con fechas de publicación que respeten el principio de jerarquía constitucional.