Ing. Rafael Alvarado López.
En los últimos meses, se ha comentado en muchos periódicos y grupos de WhatsApp, que hay una amenaza a la propiedad privada, esto sustentado solamente en amarillismo por parte de la prensa y rumores de la sociedad.
De acuerdo con la escritora Carla Escoffié en su libro titulado “País sin techo”, menciona cómo estos rumores pudieron haber comenzado en el año 2020 por una iniciativa de reformas al código civil de la Ciudad de México, propuesta por las diputadas locales Valentina Batres y Martha Ávila, dicha iniciativa establecía que el casero no podría ejercer una acción legal en contra del inquilino sin tener un contrato escrito, esto como medida para que los arrendadores priorizaran la celebración de un contrato, de igual forma, se propuso que la duración de este contrato fuera de al menos 2 años, pero como toda buena iniciativa, no pudo lograr el alcance esperado dado que contravenía los intereses de los arrendatarios, que según ellos, atentaba contra la propiedad privada y era un mecanismo para que el inquilino nunca desocupara la propiedad, por lo cual la noticia comenzó a ser catalogada de manera negativa llegando al grado de que se comenzó a comentar que el actual gobierno quería terminar con la propiedad privada.
En un segundo punto de esta polémica pseudo noticia de abolir la propiedad privada, se presentó en febrero de 2024 , una iniciativa de reforma para modificar el artículo 123 constitucional para ampliar las facultades del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) donde pueda tener facultades de constructor para ofertar vivienda asequible, en modalidades de venta o de arrendamiento, donde no supere el 30% del gasto del hogar, lo cual esta alineado con las propuestas de ONU-HABITAT respecto al derecho de los mexicanos para habitar una vivienda adecuada. Recordemos que el primer organismo gubernamental que comenzó a desarrollar vivienda para grupos vulnerables fue el ya extinto Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), por lo cual no es algo nuevo en el país, por el contrario, se está tratando de atender a los grupos vulnerables para garantizar el derecho a la vivienda, esto sin amenazar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios dado que pretende complementar el trabajo que ya viene haciendo la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ,que cabe reconocer, es la única institución que está brindando subsidios a la vivienda de hasta el 100% a grupos en pobreza extrema con vulnerabilidad de vivienda, buscando así, beneficiar a grupos específicos de la población y no a un mercado de consumo, el cual ya es atendido por los desarrolladores inmobiliarios.
Ahora bien, para ser claros, la propiedad privada no será reformada y esta nueva modalidad de oferta de vivienda por porte del Infonavit no representará competencia, para los desarrolladoras inmobiliarios, hay que escuchar la visión del nuevo gobierno, donde el pasado día 20 de junio, la Lic. Altagracia Ramírez, en un foro con empresarios, dijo claramente “… este nuevo gobierno busca la abundancia compartida…”.
Estamos próximos a beneficiarnos de una gran oportunidad, si trabajamos por en conjunto gobierno, sociedad y empresarios, con modelos de desarrollo inmobiliario donde se integre la vivienda asequible, podremos lograr modelos rentables que garanticen el derecho a la vivienda y la riqueza compartida.
