La violencia contra las mujeres es la expresión visible de una serie de vicios y patologías sociales silenciosas, aunque evidentes, que se ha normalizado en nuestra sociedad por décadas de arraigo de una cultura machista, a partir de distintas prácticas que atentan contra su dignidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2021), 20% de mujeres de 18 años o más encuestadas reportó percepción de inseguridad en su domicilio, que es el lugar donde, por naturaleza, toda persona debería sentirse más segura. Por otra parte, en la misma encuesta, se registró que un 69.5% de mujeres de 18 años o más encuestadas reportó percepción de inseguridad en la calle, es decir, en el espacio público, que es finalmente una extensión del domicilio particular.

Los anteriores datos nos hablan de una necesidad urgente: Que las mujeres cuenten con espacios seguros, en los que la violencia por virtud de género no cuente con condiciones que permitan su materialización.

Generar condiciones de seguridad en un domicilio particular es algo que resulta de procesos educativos efectivos que deriven en una sólida noción de valores y principios básicos de convivencia doméstica. En esta esfera difícilmente podrá actuar la autoridad para garantizar condiciones mínimas de seguridad para las mujeres. Por su parte, en el espacio público, donde la autoridad gubernamental puede actuar con toda legitimidad para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, no serán nunca suficientes los elementos de seguridad pública para desincentivar y atender conductas que deriven en esta forma de violencia.

Surge entonces una pregunta elemental: ¿Cómo se puede garantizar espacios seguros para las mujeres en un asentamiento humano? Para responder a ella es primero necesario tener en cuenta que los esfuerzos en esta materia no pueden venir sólo del gobierno, ni sólo de la sociedad civil. Estos esfuerzos deben ser comunes, a la luz de la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía para lograr un fin del más alto interés público.

En este entendido, los establecimientos de acceso abierto al público pueden jugar un papel determinante en la prevención de la violencia contra las mujeres. Existe una innumerable cantidad de establecimientos que reciben todos los días personas que acuden a ellos para que les sea provisto un servicio o para adquirir algún producto. Los hay, entre otros, educativos, comerciales, laborales, gubernamentales y recreativos. ¿Qué pasaría si estos sitios garantizaran condiciones mínimas que desincentiven o inhiban la violencia contra las mujeres?

Es decir, imaginemos que los establecimientos revisan y adecúan sus condiciones de accesibilidad e infraestructura, que sus servicios se prestan con perspectiva de género, que la vigilancia en estos tienen consideración particular hacia las condiciones y situaciones de potencial riesgo para las mujeres, y que los elementos visuales presentes en ellos evitan sexualizar o cosificar a la mujer. Seguramente el disfrute de estos lugares por parte de las mujeres se daría con una mayor percepción de seguridad.

Pero, si además de garantizar estas condiciones, las personas que laboran en los establecimientos abiertos al público saben actuar como primeros respondientes ante una situación de violencia contra las mujeres ¿no estaríamos generando entonces una alternativa viable en el entorno urbano a la cual una mujer puede recurrir si está en riesgo o ha sido víctima de violencia en su casa o en la calle? Y sumemos a esto una coordinación de las personas responsables de estos establecimientos de acceso público con las autoridades encargadas de la atención a tales situaciones, para garantizar la inmediata respuesta de estas últimas.

Estaríamos propiciando un escenario muy distinto al actual para las mujeres en el entorno urbano. Es claro que esto no resolvería un problema tan complejo, pero un esfuerzo así abonaría de manera importante, desde la prevención, en la mejora de las condiciones de seguridad con esta particular perspectiva y en la generación de sitios seguros para todas las mujeres.

Mtro. José de Jesús Ruiz Fernández
Es Presidente de la Representación Estatal Coahuila de la
Ascoación Mexicana de Urbanistas , AC
contacto@amu.org.mx


 

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