POR Jose R. Xilotl Soberón
El proceso de construcción y aprobación del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la CDMX ha demostrado nuevamente que los deseos expresos de extender la democracia mediante procesos de consulta ciudadana son más fáciles en retorica que en práctica aún bajo condiciones políticas favorables. Aun cuando otros autores han resaltado correctamente que estas dificultades han sido parcialmente auto creadas por el desviado proceso tomado por las autoridades, el alcance tan largo y amplio del PGOT, y los intereses de sectores específicos en su creación y aprobación; la limitante más alarmante es que solamente haya recibido 15 mil opiniones de un universo de más de 8 millones de residentes de la ciudad, muy a pesar del impacto del PGOT para establecer nuevas zonas, reglamentar procesos y en general guiar la próxima generación de desarrollo y redesarrollo urbano.
Aun cuando el bajo número de opiniones puede reflejar que la población está de acuerdo con sus contenidos, un desinterés público o la imposibilidad de análisis crítico al respecto; el modelo de democracia participativa demanda legitimar actos administrativos tan amplios como el PGOT mediante un consentimiento informado y previo. En este sentido, el bajo número de opiniones y eventos de revisión y consulta llevados a cabo por las autoridades tanto con el público en general (ej. vecinos) como con grupos vulnerables (ej. indígenas) o de interés particular para su aplicación (ej. desarrolladores y habitantes de zonas históricas) asegura que con su aprobación por el medio que determinen las autoridades, el PGOT no será objeto de entendimiento ni apoyo popular para el desarrollo de la ciudad; esto traerá consecuencias para su eficiente implementación por la ciudadanía y en futuros juicios de amparo respecto a sus propuestas de mayor impacto físico y económico.
Sin embargo, esta experiencia en la vida de la ciudad debe de servir para demostrar los limites verdaderos sobre el ejercicio de la democracia participativa en la CDMX, para alcanzar a todas las personas y grupos de manera incluyente. En particular refiero a las dificultades inherentes a la democracia participativa como en: a) asegurar la correcta representación de individuos con intereses múltiples en el proceso (por ejemplo, como académico, vecino y comerciante) cuya visión sobre la ciudad puede ser altamente determinado por cómo y donde opera, b) balancear los intereses de proyectos de inversión contra los de bienestar general cuando empresarios generan propuestas que desde afuera pueden parecer populares, c) compensar las pérdidas de los grupos vulnerables por el redesarrollo solicitado por la mayoría local conllevando al desalojo de casas de migrantes o demás usos de suelo de índole netamente social, o d) proyectar los intereses futuros de los no nacidos, bajo de la edad del voto o que aún no se mudan a la CDMX contra los intereses de aquellos que no vivirán a ver cumplido el término del PGOT.
Si bien el balanceo de intereses es un debate dentro de todo proceso de democracia participativa, la CDMX es un caso único en el país, por la complejidad de sus procesos urbanos, tamaño poblacional, temas ambientales y de subsuelo, que no son fácilmente comprendidos por la ciudadanía para crear una base de participación pareja.
El PGOT no es una carta a los reyes magos, sino un planteamiento técnico que regula los procesos legales para establecer los ganadores y perdedores de la próxima fase del desarrollo de la ciudad. Fallar en su descripción o en su entendimiento solamente incrementará un grupo y disminuirá otro.
En este sentido, la experiencia del ejercicio democrático en la CDMX ha demostrado la falta de preparación que tenemos como ciudadanos como consecuencia de la tardanza con la adquirimos que nuestros derechos. Es necesario para ello conformar nuevas y cada vez más populares y profesionalizadas herramientas para ejercer efectivamente nuestros derechos. Esto incluye mecanismos como son las organizaciones civiles, aumentar la interacción con organizaciones internacionales y buena reputación, organizar la representación de juntas de vecinos, sindicales y ejidales dentro del marco legal de los ejercicios de democracia participativa, y determinar como mejor debe lucir un proceso de consulta popular. Solamente así sabremos y estaremos preparados para negociar con los órganos de la ciudad; ¡o al fin, como dijo Gardel, “veinte años no es nada”!
Es asociado de número de la Asociación Mexicana de Urbanistas
