El pasado 7 de julio, en un acto en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, se llevó a cabo la presentación de la convocatoria para las consultas ciudadana e indígena del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la Ciudad de México. Estos instrumentos son la piedra angular del nuevo sistema de planeación democrática que se estableció en la Constitución de la capital en 2017.

Ambos instrumentos deben plasmar la visión de ciudad que se debe construir para las próximas dos décadas, tanto en el cumplimiento de los derechos de todos sus habitantes, como las políticas de vivienda, construcción, o provisión de servicios públicos que deberán seguir los gobiernos futuros. La elaboración de estos instrumentos fue responsabilidad del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP), el cual se creó como un organismo técnicamente autónomo, con el objetivo de no estar sujeto a los cambios políticos y a la temporalidad del gobierno central.

En este contexto, y de forma preparatoria al proceso de consulta, el día 6 de julio se efectuó un foro en el Colegio de Arquitectos, al que asistieron especialistas y miembros de los colegios de profesionales de la planeación urbana y la construcción, y al que se invitó al equipo técnico del IPDP con el objetivo de participar y ayudar en el proceso de las consultas, pero para realizar también propuestas y comentarios críticos a estos instrumentos, de los cuales se recuperan algunos de los más relevantes.

Las y los urbanistas y arquitectos coincidimos en señalar que el Plan y el PGOT parten de un diagnóstico sólido, pero indicamos un conjunto de aspectos técnicos que debe conocer la ciudadanía para discutir estos instrumentos de manera informada. En primer lugar, no es claro si el Plan es para los 18 o 20 años futuros, pues si bien la ley indica que debe ser formulado para las próximas dos décadas, el borrador que se somete a consulta está planteado como “2020-2040”. Este no es un asunto menor, pues el cumplimiento de los ejes y objetivos de desarrollo propuestos, e incluso los recursos que deberá asignar el Congreso de la ciudad para alcanzar estas metas, depende de la temporalidad con la que han sido planteados los indicadores y acciones.

Con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de derechos plasmados en la constitución local, el Plan General se articula en torno a 6 ejes, que van del bienestar y la igualdad, a la sustentabilidad, el equilibrio en el ordenamiento territorial, o a la paz y justicia que deberán permear en las próximas dos décadas.

Un elemento que unifica una parte importante del documento es buscar la disminución de la pobreza y las desigualdades. De hecho, este el primer objetivo del Plan. Sin embargo, y como segundo punto a destacar es la falta de solidez discursiva que se observa al revisar el documento. Hablando exclusivamente de combate a la pobreza, el Plan dice en algunos momentos que esta se erradicará, y en otros que ésta sólo se reducirá hacia 2040. Esto se refleja a su vez en los indicadores establecidos, y en el problema de adoptar dos metodologías distintas para analizar este grave fenómeno: el que establece el CONEVAL a nivel nacional, y el que utiliza Evalúa en la Ciudad de México. Por ejemplo, el Plan establece acabar la pobreza extrema (según Coneval), pero solo disminuir el porcentaje de personas en pobreza multidimensional extrema del 28.2 al 12 por ciento en el mismo periodo (según metodología Evalúa).

El tercer punto de análisis es el cómo se pretenden alcanzar estos objetivos loables, tarea que parece difícil cuando se revisan otros indicadores y objetivos propuestos o ausentes en el Plan. En paralelo a la erradicación o disminución de la pobreza, según se vea, se propone la meta de reducir el porcentaje de la población en pobreza por ingresos en un poco más de la mitad, del 50 al 20 por ciento, para los próximos veinte años. Por lo tanto, erradicar la pobreza sin reducir decididamente la población pobre por ingresos resulta complejo. Lo es más cuando no se observa en el documento una política de construcción de un sistema de seguridad social integral para la capital cuando esta es la carencia que más impacta en la medición multidimensional de la pobreza.

Este es sólo un ejemplo del análisis que deberemos realizar todas y todos los habitantes de estos instrumentos, pues de ello depende el futuro de la ciudad misma.

Dr. Armando Rosales
Presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la CDMX.
presidencia_cdmx@amu.org.mx



 

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