El pasado 9 de diciembre se cumplieron dos años de que la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, para su análisis y dictaminación, minuta aprobada el 3 de diciembre de 2020 por 390 votos en el pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen presentado por la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres es el resultado de 19 meses de trabajo, en coordinación con el Senado de la República, se celebraron foros regionales; mesas de trabajo temáticas; reuniones con académicos, servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, legisladores federales y locales; asimismo se realizó una consulta abierta al público con la finalidad de recibir sus propuestas.
La actual Ley General de Protección Civil define a la gestión integral de riesgos como “conjunto de acciones encaminadas a la identificación, evaluación, control y reducción de los riesgos”[1], en tanto que la Minuta la concibe como una política de Estado,[2]por lo que se debe entender como un proyecto a largo plazo que no se asocia a una ideología determinada, a un gobierno en concreto, que no depende de los vaivenes de la actividad política o de los resultados electorales.
Aunado a lo anterior y por tratarse de un tema transversal, la Minuta mandata a todas las autoridades a implementar medidas y acciones con pleno respeto, protección y garantía de los derechos humanos, es decir se debe poner a la persona como centro de toda política pública, bajo una perspectiva intercultural, de género, sustentabilidad, inclusión, accesibilidad e interseccionalidad.
Entre los avances de la Minuta se pueden mencionar los siguientes: Se elimina el término desastre natural; desarrolla las fases de la gestión integral del riesgo de desastres en un título (algo que adolece la ley actual); establece un capítulo expreso sobre los Atlas de Riesgo, donde se incorpora como ámbito espacial para su formulación, la región, asimismo determina que los Atlas de Riesgo serán la base para la elaboración de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano; se instituye la Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos como órgano desconcentrado de la SHCP responsable de asesorar a las dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, así como de los municipios y de las demarcaciones territoriales en materia de administración y transferencia del riesgo de desastre, (este nuevo órgano no generará un impacto presupuestario en virtud de que la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, asumirá dicha responsabilidad); de igual manera, se constituye el Comité de Prevención como el mecanismo de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de prevención; se instituye el Programa Nacional de Reconstrucción como instrumento de la Administración Pública Federal para atender las afectaciones provocadas por un desastre.
La Minuta contiene avances sustanciales con relación a la Ley General de Protección Civil vigente, por lo que a 24 meses de que se turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos resulta necesario que las Comisiones inicien el proceso de dictaminación de conformidad con el Reglamento del Senado de la República y que con fundamento en el Apartado E del artículo 72 de nuestra Carta Magna, en su calidad de Cámara de revisión, valore la pertinencia de integrar como instrumento de planeación la Estrategia Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastre, la que de manera conjunta con las Estrategias Nacionales de Ordenamiento Territorial y de Cambio Climático, se conviertan en la base para la utilización racional del territorio, el cual se debe concebir como un espacio seguro y resiliente.
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