Por Jose R. Xilotl Soberón y María. A Torres Peregrina
La posible entrada en vigor de la “Senate Bill 4” o ley S.B.4 en Texas, EE.UU. ha desatado polémicas al considerarse “antiinmigrantes”, con criterios discriminatorios, y raciales que privarían las relaciones bilaterales en materia migratoria, específicamente hablando del debido proceso que debe asegurar la entrada/retorno digno, dependiendo la situación.
Durante la sesión legislativa de Texas en 2023, se aprobó la S.B.4 proyecto del gobernador Greg Abbott. Esta plantea que es posible arrestar a cualquier migrante que se considere indocumentado tras ingresar a Texas, cruzando el Río Grande; las sentencias van desde los seis meses hasta los 20 años en prisión estatal a falta de aceptar su auto deportación.
Indiscutiblemente la dignidad de los inmigrantes está en riesgo, por lo que se bloqueó su aplicación en el estado pese a que la Corte Suprema de los Estados Unidos había emitido una orden de permiso para su aplicación. Ahora el caso se encuentra en un tribunal federal. Sin embargo, ante la incertidumbre de su futura entrada en vigor es vital considerar las posibles repercusiones que tendría en las ciudades fronterizas del país el retorno de los reportados.
Dependiendo del estatus migratorio, determinado por investigaciones de las autoridades migratorias estadounidenses, aquellos que sean incapaces de mostrar su documentación inmediatamente podrían ser arbitrariamente enviados a México por órdenes de jueces estatales (independientemente de la nación de procedencia), afectando a más de 10 millones de mexicanos que residen en Texas y que aun contando con estatus legal se abren a confusiones y discriminación por la policía estatal.
Es importante tomar en cuenta que aun cuando el gobierno mexicano se negó a aceptar la reimplementación del “Remain Mexico Policy” en 2021, el cual enviaba unilateralmente migrantes en espera de ser aceptaos al país, justificándose en la US Immigration and Nationality Act Section 235 (b)(2)(C), la previa aceptación tácita de esta política resultó en dificultades para las ciudades fronterizas del país que tuvieron que incrementar la dotación de servicios públicos y atender los repatriados mientras permanecieron en refugios. Dado de que la política de México es promover dar asilo, y es firmante del Pacto Global sobre Migración y Refugios y la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, por lo que es necesario considerar que los gobiernos locales y estatales nuevamente podrán ser expuestos a cubrir los costos sociales de la llegada sin aviso previo de miles personas evadiendo las penas de la S.B. 4. Si bien existe una solidaridad entre la población local y los migrantes, esto no niega que esto pueda resultar en aumentar una problemática social con base en aspersiones, malos entendidos y competencia por recursos limitados locales.
Aun cuando, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció al respecto, instando a las 11 representaciones consulares a sostener diálogos con asociaciones defensoras de los derechos humanos, legisladores, funcionarios públicos y la comunidad connacional, para los gobiernos locales el tema debe ser prepararse para mitigar los posibles impactos. Una posible acción es aprovechar los vínculos transfronterizos con asociaciones como la National Governor’s Association y la US Conference of Mayors para presentar alternativas y aclarar su posición respecto la S.B. 4 con sus pares en EE.UU. en conjunto con SRE. Aun cuando el resultado sea mínimo, demostrar su poder de cabildeo les puede abrirá foro para bloquear propuestas similares de demás estados. Igualmente, pueden presentar demandas en cortes estatales y federales de EE.UU. como afectados de las acciones de la S.B.4.
Si se quiere manejar el flujo migratorio de forma legítima e institucional, es claro que a ley S.B.4 no es la respuesta, es anti constitucional, atacando a un “enemigo inexistente”. Sin embargo, de no implementar medidas de preparación logístico y cabildeo, los gobiernos fronterizos de México pueden tener que repetir la lección de que el respeto al derecho ajeno a veces cuesta.
